La rápida expansión digital de América Latina ha abierto una brecha peligrosa entre el ritmo de adopción tecnológica y la capacidad institucional para protegerla. Esa es la advertencia central de un análisis reciente de Nur Cristiani, jefa de Estrategia de Inversión para América Latina, y Mary Sangurima, estratega global de inversiones, ambas de JPMorgan, que describen un panorama en el que la región combina vulnerabilidades crecientes, inversión insuficiente y una exposición desproporcionada a ataques cada vez más sofisticados.
La región, señalan, se ha convertido en uno de los objetivos más activos del mundo para el crimen cibernético. A medida que gobiernos y empresas migran servicios a la nube y adoptan inteligencia artificial para optimizar operaciones, los ataques se multiplican. El Fondo Monetario Internacional estima que los incidentes maliciosos casi se han duplicado desde antes de la pandemia, mientras que el Foro Económico Mundial reporta que el 77% de las organizaciones globales ha visto un aumento en fraudes digitales en el último año.
Brecha de preparación que supera a otras regiones emergentes
La percepción de riesgo en América Latina es notablemente más alta que en otras economías en desarrollo. Según el WEF, el 42% de las empresas latinoamericanas duda de la capacidad de su país para enfrentar amenazas cibernéticas, frente al 36% en África y apenas el 15% en Europa y Norteamérica. Esa brecha, advierten Cristiani y Sangurima, no es solo estadística: se traduce en un riesgo económico y sistémico mayor.
El Banco Mundial identifica a América Latina y el Caribe como la región con el crecimiento más acelerado de incidentes reportados, con un aumento cercano al 25% en la última década. La explicación es tan simple como contundente: la inversión en ciberseguridad es mínima. En India y México, el gasto per cápita ronda US$1, frente a los US$30 de Estados Unidos y Canadá. Washington, por sí solo, invierte 16 veces más que toda América Latina y el Caribe combinadas.
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