Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó el miércoles que la administración Trump actuó ilegalmente al terminar las protecciones legales para cientos de miles de venezolanos y haitianos que trabajan y viven en el país norteamericano, aludiendo a “consecuencias reales y significativas”.
Tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos dictaminaron que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había excedido su autoridad cuando puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas) para las personas que huyeron de los dos países hacia Estados Unidos, confirmando un fallo de un tribunal inferior, según un reporte de la cadena CNN.
“Las acciones de la secretaria contradicen fundamentalmente el diseño estatutario del Congreso, y su pretensión de ejercer un poder absoluto e ilimitado para anular el TPS de un país es irreconciliable con el lenguaje claro del estatuto”, escribieron los jueces Kim Wardlaw, Salvador Mendoza y Anthony Johnstone.
Luego explicaron el impacto en cientos de miles de venezolanos y haitianos que dependen de este estatus para permanecer en Estados Unidos, diciendo que “las acciones ilegales de la secretaria han tenido consecuencias reales y significativas”.
“Las acciones de la secretaria han dejado a cientos de miles de personas en un estado constante de temor de ser deportadas, detenidas, separadas de sus familias y devueltas a un país en el que fueron sometidas a violencia o cualquier otro tipo de daño”, dijeron.
Los haitianos fueron incluidos por primera vez en el TPS en 2010, tras un catastrófico terremoto de magnitud 7,0 que causó la muerte y heridas a cientos de miles de personas. El primer gobierno de Trump intentó eliminar las protecciones en 2018, pero las impugnaciones legales lo mantuvieron vigente.
Poco después de asumir el cargo, Noem puso fin al estatus otorgado por la administración anterior, alegando que las condiciones han mejorado en Venezuela y Haití, lo que dio origen a la demanda actual.
«La Corte determinó que el intento del gobierno de eliminar el TPS fue arbitrario y caprichoso. Sin embargo, esto no reactiva automáticamente el TPS«, añadió el abogado experto en migración John de la Vega.
El experto indicó que el gobierno tiene 90 días para apelar ante la Corte Suprema, y el proceso puede extenderse por varios meses.
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