Un tribunal dictó medida privativa de libertad contra los tres ex gerentes de Directv por presunta coautoría en la comisión de los delitos de estafa agravada, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir.
De acuerdo con la legislación venezolana, las penas por estafa van de uno a cinco años de prisión.
Héctor Rivero, Carlos Villamizar y Rodolfo Carrano, quienes se entregaron la semana pasada a la justicia, se encuentran detenidos en la sede del Sebin en Caracas, según su defensa.
La firma estadounidense AT&T, propietaria de Directv, tildó de sorprendente e inexplicable el arresto de los exejecutivos, al afirmar que no estuvieron involucrados en la decisión de cerrar las operaciones de la compañía.
«Esta decisión fue tomada por ejecutivos de AT&T en Estados Unidos, sin el conocimiento o la participación de estas personas o cualquier otro exempleado venezolano», indicó la empresa en un comunicado.
Las órdenes de captura se emitieron casi tres semanas después de que AT&T anunciara el 19 de mayo su retiro inmediato del mercado de televisión paga en Venezuela.
La compañía explicó que las sanciones económicas del gobierno de Donald Trump contra Venezuela, que buscan asfixiar al régimen de Nicolás Maduro, prohíben transmitir las señales de la televisora privada Globovisión y el canal de la estatal Pdvsa TV.
Sin embargo, añadió AT&T, la trasmisión de ambos canales es requerida por la licencia otorgada por el régimen de Maduro para proporcionar el servicio de televisión por pago.
Tres días después de la decisión de AT&T, el TSJ ordenó la toma inmediata de instalaciones y equipos de la compañía.
Con cerca de 2 millones de suscripciones, según cifras de Conatel, el cese de operaciones afecta a unos 6,5 millones de venezolanos.
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