El abogado defensor de los tres ex ejecutivos de Directv detenidos hace varios días, Jesús Loreto, señaló que es un “grave error”.
La detención se produjo la semana pasada, a pesar de que horas antes acudieron voluntariamente ante los órganos de justicia para aportar evidencias sobre lo ocurrido el día del cese de las operaciones.
Los exejecutivos locales de DirecTV detenidos son Carlos Villamizar, Héctor Rivero y Rodolfo Carrano. Permanecen detenidos en una de las sedes del cuerpo de inteligencia del gobierno en disputa.
El cese del servicio de DirecTV causó indignación entre los funcionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que acusaron a la compañía de privar a los venezolanos del derecho a la información.
Jesús Loreto, abogado defensor de tres de los ejecutivos, detalló que junto al resto de los 597 empleados de la empresa, los gerentes fueron removidos de sus cargos y despedidos un día antes de que la señal de DirecTV fuera suspendida. Además, destacó que la decisión de AT&T de cesar operaciones en Venezuela, la conocieron solo luego del despido y que de todos modos informaron al gobierno en disputa lo que ocurría.
Loreto afirmó que sus defendidos no son responsables del cese de la señal de DirecTV.
“No entendemos entonces cómo luego de que los señores que acabo de mencionar no tuvieron injerencia en lo que ocurrió se dicta una orden de captura contra ellos. Por el contrario, ellos dieron demostraciones claras de querer contribuir con la administración de justicia en Venezuela”, dijo el abogado.
Hasta el lunes por la mañana la audiencia de presentación no se había realizado: Hasta la fecha el abogado no conoce los cargos que se les están imputando ni el motivo de detención.
Recientemente tanto el fiscal Tarek William Saab, como el presidente del gobierno en disputa Nicolás Maduro, afirmaron que la medida se originó en Estados Unidos.
“El gobierno de EE.UU. y la oposición extremista de Guaidó le quitaron el servicio de Directv a Venezuela”, dijo Maduro la pasada semana.
AT&T anunció la suspensión de las operaciones de la empresa que abarcaba más del 45% del mercado venezolano, alegando no poder “cumplir con los requisitos legales” de Venezuela y Estados Unidos en medio de las sanciones de la administración Trump contra individuos y empresas incluidos en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC.
Previo a su detención la pasada semana, Villamizar dijo que es una víctima, como el resto de los casi 600 empleados de DirecTV en Venezuela que perdieron sus trabajos debido a la decisión tomada por los ejecutivos de la compañía en Estados Unidos.
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