En los últimos años, el país se ha visto inmersa en conflictos políticos que han llevado a varios países de la región a romper relaciones con el Gobierno venezolano. Esto no solo ha generado tensiones internacionales, sino que también ha afectado a ciudadanos comunes en su búsqueda de justicia. Un ejemplo preocupante es el caso que contamos a continuación.
En septiembre de 2020, un hombre venezolano asesinó a su pareja de 23 años de edad en Colombia. Fue detenido un mes después, al regresar a Venezuela, cuando un grupo de personas lo confrontó y lo obligó a entregarse a las autoridades. Tras su detención por cuerpos policiales, fue presentado ante un tribunal por el delito de resistencia a la autoridad.
Durante las investigaciones, en diciembre de 2020, se descubrió que el detenido tenía una orden de aprehensión emitida porla Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Por ello, fue presentado nuevamente ante el tribunal, que decretó su privación de libertad y remitió la solicitud de extradición a la Sala de Casación Penal (SCP). Esta Sala envió un oficio a la directora general de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, solicitando que informara a la República de Colombia sobre el deber de enviar, en un plazo de 90 días, la documentación necesaria para procesar la extradición. Sin embargo, dicho Ministerio respondió que no era posible debido al cese total de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Por esta razón, la SCP devolvió el caso al tribunal de control para continuar el proceso por el delito de resistencia a la autoridad. Aunque dejó abierta la posibilidad de retomar la extradición cuando se restablecieran las relaciones diplomáticas, la falta de acción permitió que este individuo continuara en libertad.
En 2024, el agresor volvió a ser detenido en otro estado de Venezuela, tras atacar a su nueva pareja poniéndole una pinza de freír caliente en el cuello. Durante su arresto, las autoridades confirmaron que aún pesaba sobre él la solicitud de Interpol, lo que dio inicio a una nueva solicitud de extradición que terminó en la SCP, quien, al percatarse de que se trataba del mismo caso abierto en 2020, consideró esta segunda solicitud inexistente, ya que había un pronunciamiento previo sobre el asunto, y decretó su nulidad por haber ocurrido un grave vicio ocurrido en el procedimiento, con violación al orden público, al debido proceso y al principio de legalidad.
La Sala remitió el expediente al tribunal para que continuara el proceso por el delito de violencia contra la mujer, instando al tribunal y a los fiscales a evitar la duplicidad de procedimientos. Asimismo, archivó la causa original de extradición hasta que Colombia remitiera la documentación correspondiente.
Desde Acceso a la Justicia, subrayamos que, aunque la SCP tiene razón al señalar que no debe haber duplicidad de procedimientos, preocupa que ni esta ni el tribunal de origen hayan tomado las medidas necesarias para impulsar la solicitud de documentación a Colombia. Esta falta de diligencia no solo deja impune un feminicidio, un crimen que vulnera derechos humanos fundamentales, sino que también perpetúa el riesgo de reincidencia, priorizando la política sobre la justicia.
Es fundamental que los conflictos diplomáticos entre Estados no sirvan como excusa para dejar impunes delitos tan atroces como el feminicidio. Si se hubieran tomado las medidas pertinentes, se podría haber evitado una nueva víctima.
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