La estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), desde su nacionalización en 2007, se ha convertido en sinónimo de apagones recurrentes y prolongados a lo largo y ancho de Venezuela.
Una constante en la justificación de estas fallas masivas ha sido la denuncia de supuestos “sabotajes orquestados por la oposición o agentes externos”, una narrativa que, hasta la fecha, no ha sido respaldada por pruebas fehacientes y que contrasta con la evidente falta de inversión y mantenimiento en la infraestructura eléctrica del país.
Desde la gestión de Hugo Chávez, cuando se consolidó la unificación de las empresas eléctricas regionales en Corpoelec bajo la promesa de un servicio más eficiente y robusto, la empresa ha transitado por una gestión marcada por la falta de transparencia y una inversión que no se tradujo en la modernización necesaria.
Y ni hablar de la gerencia del “hijo de Chávez”, Nicolás Maduro, en la que Venezuela se ha convertido en víctima de la empresa estatal con elevadas tarifas en el servicio y poco disfrute del mismo.
Figuras como “Los Ministros del Apagón” (Alí Rodríguez Araque, Álvaro Luis Silva Calderón, Rafael Ramírez, Hipólito Izquierdo, Ángel Rodríguez Gamboa, Rodolfo Navarro, Argenis Chávez, Héctor Navarro, Jesse Chacón y Luis Motta Domínguez) fueron actores clave en los primeros años de esta nueva etapa y legado lo mantuvo vivo en la historia contemporánea Néstor Reverol y Jorge Elieser Márquez, quien lleva la batuta en la gerencia del sistema eléctrico nacional.
Sin embargo, las denuncias de corrupción y la falta de planificación estratégica comenzaron a minar la capacidad operativa del sistema.
Un punto álgido en esta crisis se vivió en marzo del año 2019, cuando un apagón de magnitud sin precedentes sumió en la oscuridad a la mayor parte de Venezuela. La falla, que se originó en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri) se extendió rápidamente, dejando a estados enteros sin electricidad durante días. En algunos lugares, el servicio tardó más de cinco días en restablecerse por completo, provocando caos, desabastecimiento de agua, pérdidas económicas significativas y poniendo en riesgo la vida de pacientes en hospitales.
La respuesta del régimen de Nicolás Maduro ante este evento catastrófico fue, nuevamente, la acusación de sabotaje.
Se habló de ataques cibernéticos sofisticados y de la intervención de agentes externos para desestabilizar el país. Sin embargo, al igual que en ocasiones anteriores, no se presentaron pruebas contundentes que respaldaran estas afirmaciones. Expertos en el sector eléctrico señalaron desde el principio que la causa más probable del apagón masivo era la falta de mantenimiento crítico y la obsolescencia de los equipos en Guri y en la red de transmisión.
A medida que los apagones se hicieron más frecuentes y severos, la retórica del sabotaje se intensificó.
El chavismo, para justificar la visible desinversión y el deterioro de la infraestructura, ha recurrido a diversas excusas a lo largo de los años. Entre ellas se incluyen:
– El impacto de las sanciones internacionales: Se argumenta que las medidas impuestas por Estados Unidos y otros países han dificultado la adquisición de repuestos y la inversión necesaria para el mantenimiento de las plantas y las torres de transmisión.
– La “guerra económica”: Esta narrativa, más amplia, atribuye los problemas del sector eléctrico a una supuesta conspiración económica destinada a desestabilizar el gobierno y generar malestar en la población.
– Ataques cibernéticos: En algunas ocasiones, se han mencionado supuestos ataques informáticos a los sistemas de control de Corpoelec como causa de las fallas, aunque los detalles técnicos y las pruebas de estos ataques rara vez se hacen públicos.
– La obsolescencia de los equipos: Si bien es cierto que parte de la infraestructura eléctrica venezolana tiene décadas de antigüedad, la falta de inversión sostenida y la ausencia de planes de modernización agravaron este problema.
Y hasta a la iguana la meten en el rollo…
La realidad es que la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, la fuga de personal técnico calificado, la corrupción administrativa y la politización de la gestión de Corpoelec han contribuido significativamente al deterioro del sistema eléctrico. El apagón de 2019 sirvió como un crudo recordatorio de las consecuencias de años de negligencia y falta de inversión en un sector estratégico para el país. Expertos en el sector han advertido durante años sobre las consecuencias de la desinversión y la falta de una planificación a largo plazo.
La falta de rendición de cuentas y la opacidad en la gestión de Corpoelec impiden conocer con exactitud el estado real de la infraestructura y el destino de los recursos asignados al sector. Mientras tanto, los venezolanos continúan sufriendo las consecuencias de apagones que afectan su vida diaria, la economía y la operatividad de servicios básicos como hospitales y comunicaciones, además de ser víctimas de fuertes aumentos en la tarifa del servicio. La narrativa del sabotaje se diluye ante la palpable realidad de un sistema eléctrico que clama por inversión, mantenimiento y una gestión transparente y eficiente. El recuerdo del apagón de 2019 persiste como un símbolo de la fragilidad de un sistema que, lejos de fortalecerse, parece seguir sumido en la oscuridad.
con redacción de lapatilla
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