La ONG Foro Penal informó, que hasta el 3 de febrero de 2025, se contabilizan en el país un total de 1.196 presos políticos, de los cuales no se sabe el paradero de 51 personas.
De acuerdo con el balance del Foro Penal, 1.080 son hombres y 116 mujeres; 1.033 son civiles y 163 pertenecen al mundo militar. Además, se informa que hay cuatro adolescentes aún tras las rejas por motivos políticos.
Señaló que en la última semana fueron encarceladas cinco personas y otras 217 fueron excarceladas. Se registra además 148 condenados y no condenados, 1.048.
Además, dio una lista de los ciudadanos estadounidenses que aún permanecen detenidos:
- Wilbert Castañeda
- Joseph Saint Claire
- Jonathan Pagan
- Lucas Hunter
- Jorge Marcelo Vargas
- Renzo Huamanchumo
- Fabián Reyes
En comparación al 20 de enero, se evidencia una reducción de unas 500 personas en el número total de presos políticos; ya que para esa fecha se contabilizaban 1.601.
El balance de entonces detallaba que, del total de detenidos, 1.418 eran hombres y 183 eran mujeres, entre los cuales habían 1.597 adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años de edad.
Además, Foro Penal indicó que 1.439 de los detenidos son civiles y 162 militares de distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional (FAN).
Ese balance de presos políticos se registró antes de que el fiscal general de la república, Tarek William Saab, desestimara los informes de la Misión de Determinación de Hechos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, especialmente en el contexto posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
También rechazó las denuncias de desaparición forzada de dirigentes, activistas y ciudadanos.
«La desaparición forzada es el secuestro, la no presentación ante un órgano policial o judicial de la persona y su posterior asesinato. Una desaparición forzada exprés no existe. No se pongan a inventar cosas. No me van a dar clase los países que promueven el genocidio y el exterminio en Gaza, los que invadieron Irak, Libia o Afganistán. Es un doble rasero. Como dije, forma parte de la guerra híbrida: el uso de los derechos humanos para dañar la imagen, a través del lawfare (uso político de la justicia), de una nación que no forma parte de la órbita geopolítica de los grandes centros de poderes».
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