La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, controlada por el gobierno de Nicolás Maduro, solicitó la inhabilitación y acciones penales contra varios exdiputados opositores en relación con el caso Citgo.
Durante una sesión ordinaria, el Parlamento presentó un informe final que acusa a antiguos miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y exfuncionarios del gobierno interino de Juan Guaidó de participar en una «trama de corrupción y robo de activos» relacionada con Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos.
El informe, detallado por el diputado Pedro Infante, señaló que las acciones de los involucrados comenzaron en 2018, cuando, según el oficialismo, se inició una «conflagración jurídica» contra Citgo.
Entre los señalados figuran el exprocurador del gobierno interino, José Ignacio Hernández, y el dirigente político Carlos Vecchio, quienes, junto a otros, son acusados de ser parte de lo que el oficialismo considera un «robo y despojo» de Citgo.
El informe incluye una lista de 351 personas, de las cuales 94 fueron diputados opositores, 108 exintegrantes de juntas ad hoc nombradas por el Parlamento de 2015, y 149 personas pertenecientes a diversas ONG supuestamente financiadas por la Fundación Simón Bolívar.
Durante la sesión, Infante afirmó que los partidos políticos opositores involucrados en este caso, incluyendo Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia, deberían ser considerados «bandas criminales».
Según Infante, estos partidos no son verdaderas organizaciones políticas, sino grupos estructurados de delincuencia organizada.
Además, se solicitó a la Contraloría General de la República la inhabilitación política para ejercer cargos públicos de todos los involucrados en la investigación.
Redacción con información de El Nacional
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