Smartmatic, la empresa de votación electrónica, acusó al régimen socialista de Venezuela de hacer trampa en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente del 2017 y poco meses después anunció que dejaría de realizar elecciones en el país sudamericano, en lo que ponía fin a una relación comercial de 13 años.
Pero documentos del Consejo Nacional Electoral de Venezuela obtenidos por el Miami Herald muestran que Smartmatic licenció su software para ser usado en Venezuela en tres elecciones posteriores, al menos dos de ellas en secreto: las elecciones municipales de diciembre del 2017 y las controvertidas elecciones presidenciales de mayo del 2018.
Fuentes consultadas para esta historia dijeron que el uso del software de Smartmatic en las elecciones municipales y presidenciales debía mantenerse en secreto, y que funcionarios del régimen venezolano y ejecutivos de la compañía acordaron utilizar otra empresa para ocultar la participación de Smartmatic. “Literalmente utilizaron una tercera empresa para ocultar la participación de Smartmatic, pero fue Smartmatic la que proporcionó los técnicos para… tener el software listo para usar en las máquinas de votación”, dijo al Herald una fuente que estaba en el Consejo Nacional Electoral en ese momento.
Otras dos fuentes que trabajaron en el consejo electoral y que tienen conocimiento de primera mano de las elecciones del 2017 y del 2018 confirmaron la historia. Pidieron no ser identificadas porque temen por la seguridad de sus familiares que aún se encuentran en Venezuela.
Una auditoría del software electoral realizado de cara a las elecciones presidenciales del 2018 fue firmada por el gerente asociado de software de Smartmatic, Juan Valera, quien apareció en la auditoría como uno de los dos asesores externos, pero cuyo motivo principal para viajar a Caracas desde Panamá fue instalar el certificado para las máquinas de votación y activar el software de votación, dijeron las fuentes al Herald. Valera no respondió a los correos electrónicos del Miami Herald en busca de comentarios.
Las fuentes dijeron al Herald que la decisión de trabajar con un tercero, una empresa argentina llamada Ex-Cle, se tomó después de que tanto el Consejo Nacional Electoral como Smartmatic anunciaran públicamente que la empresa de software ya no participaría en las elecciones venezolanas.
El consejo electoral anunció su decisión unos días después de que Smartmatic acusara al gobierno venezolano de cometer fraude en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente.
El CNE “está desarrollando una relación con otra empresa que nos va a brindar los servicios de soporte técnico”, dijo la presidenta del CNE de ese momento, Tibisay Lucena, en una conferencia de prensa celebrada el 16 de agosto de 2017, y agregó que el consejo electoral estaba “poniendo fin a su relación con Smartmatic”. Contactada por el Herald, Smartmatic, cuyo co-fundador y presidente vive en el sur de Florida, inicialmente negó que su software se hubiera utilizado en Venezuela después de anunciar que se retiraba del país.
“El software de Smartmatic no se ha utilizado en ninguna elección en Venezuela desde las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, cuando Smartmatic denunció públicamente que el Consejo Nacional Electoral reportó datos de participación electoral diferentes a los reflejados en el sistema”, dijo la empresa al Herald en un correo electrónico.
Pero el planteamiento inicial de la empresa cambió cuando el Herald le comunicó que tenía auditorías que mostraban que el software de Smartmatic se utilizó en las elecciones realizadas en Venezuela después de que había anunciado que se había retirado del país.
En un correo electrónico enviado posteriormente a el Herald, la empresa no negó que su software se hubiera utilizado en las dos elecciones celebradas en el último trimestre del 2017 (las elecciones regionales de octubre y las municipales de diciembre), así como en las elecciones presidenciales de 2018.
Pero enfatizó que el software no podía considerarse como que es auténticamente de Smartmatic porque la empresa no participó en su uso. “Ningún software Smartmatic puede considerarse auténtico a menos que Smartmatic esté involucrado en cada paso de la cadena de custodia a lo largo de todas las fases de implementación de las elecciones, no solo en la entrega de la licencia del software”, dijo la empresa al Herald.
“El software Smartmatic solo es auténtico si Smartmatic también está involucrado en la configuración, instalación, implementación y auditoría de los resultados de las elecciones de la máquina de votación y el recuento. Esta participación no ocurrió después de las elecciones de la Asamblea Nacional de 2017”.
Sin embargo, en una declaración pública en español en su propio sitio web en julio de 2020, Smartmatic dijo categóricamente que nunca había brindado ningún servicio, incluido el uso de su software, al gobierno venezolano después de retirarse del país en 2017. “Smartmatic tampoco ha suministrado máquinas de votación, ni licencias para el uso de su software, ni servicios electorales de ningún tipo al CNE, ni tampoco ha participado en ningún proceso de auditoría, desde que denunció que el CNE había publicado resultados diferentes a los procesados por la plataforma automatizada en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente realizadas el 30 de julio de 2017”, la compañía dijo en su página de internet.
El cofundador de Smartmatic, Roger Piñate, enfrenta cargos de soborno y lavado de dinero relacionados con contratos obtenidos en Filipinas. Smartmatic La empresa no respondió a las preguntas sobre por qué Valera, su gerente de software, había viajado a Caracas antes de las elecciones regionales de octubre de 2017 y de las elecciones presidenciales de mayo de 2018 para proporcionar los certificados necesarios para ejecutar los programas de la empresa.
Las fuentes del Herald que habían trabajado en el consejo electoral confirmaron que el software utilizado en las tres elecciones posteriores a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente del 30 de julio del 2017 era el de Smartmatic, aún cuando públicamente la compañía venía insistiendo en lo contrario.
Las copias de las auditorías del software obtenidas por el Herald también muestran que el software utilizado era el de la empresa. En las elecciones presidenciales de 2018, Valera firmó la auditoría siendo identificado en el documento sólo como “asesor externo”, pero las fuentes dijeron al Herald que estaba allí como representante de Smartmatic y que dirigía el proceso junto con el representante de Ex-Cle y del consejo electoral, explicando cada paso de la auditoría y respondiendo cualquier pregunta que surgiera.
No hay indicios de que Valera haya participado en los procesos de revisión posteriores a la auditoría del software de éstas elecciones. Las fuentes dijeron al Herald que creían que Valera firmó como “asesor externo” en un intento de ocultar el papel que tuvo Smartmatic en las elecciones. También hubo un esfuerzo, según creían las fuentes, para ocultar el pago del gobierno a Smartmatic por el uso del software. El pago se realizó a través de Ex-Cle.
En un comunicado publicado en el sitio web de Smartmatic el 20 de octubre de 2017, la empresa indicó que “no proporcionó ningún producto o servicio de ningún tipo para las elecciones regionales”, sino que “simplemente entregó su software al Consejo Nacional Electoral, en presencia de los partidos políticos, para que se realizara una auditoría de código fuente” para cumplir con las obligaciones contractuales. Una ‘auditoría de código fuente’, es un proceso realizado en presencia de los diferentes partidos políticos involucrados en una elección para certificar que el software a ser instalado en las máquinas de votación no han sido manipulados y que cumple con los estándares establecidos por los técnicos de cada partido.
‘RUPTURA INMEDIATA’ El papel que jugó Smartmatic en las elecciones venezolanas de 2017 y 2018 contradice las declaraciones que la empresa realizó después de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. En una conferencia de prensa celebrada en Caracas justo después de la votación, el director general de Smartmatic, Antonio Mugica, se hizo eco de lo que los miembros de la oposición habían estado diciendo desde hace bastante tiempo: que el régimen socialista venezolano era capaz de hacer trampas en los comicios.
HA LLEGADO la Navidad en Venezuela, aunque en el calendario falten unos meses para que, verdaderamente, comiences las festividades. “Basándonos en la solidez de nuestro sistema, sabemos, sin ninguna duda, que la participación en las recientes elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente fue manipulada”, dijo Mugica en ese momento.
“Estimamos que la diferencia entre la participación real y la anunciada por las autoridades es de al menos un millón de votos”. Unos meses después, la empresa anunció que se retiraba del país. “Este episodio provocó una ruptura inmediata de la relación cliente-proveedor”, dijo la empresa en marzo de 2018.
La empresa agregó que no podía verificar la exactitud de las elecciones celebradas en el último trimestre de 2017 —las regionales y municipales— porque no había certificado su software para ser utilizado en ellas. “Dado que la empresa no estuvo involucrada en estos procesos, y dado el hecho de que los productos de la empresa no están bajo garantía y no fueron certificados para esas elecciones, Smartmatic no puede garantizar la integridad del sistema, ni puede dar fe de la exactitud de los resultados”, dijo.
En respuesta a una versión anterior de esta historia que apareció en la edición impresa del Herald, el abogado de Smartmatic, J. Erik Connolly, dijo que la empresa nunca actuó de manera encubierta o deshonesta, y enfatizó que la decisión de proporcionar a Venezuela licencias para su software se tomó bajo coacción.
Para ilustrar su distanciamiento con el gobierno venezolano, funcionarios de la empresa hicieron referencia a la demanda de arbitraje que Smartmatic presentó en junio de 2022 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una entidad del Banco Mundial, en la que acusan al régimen de realizar amenazas contra la empresa y contra sus empleados después de que la compañía decidió dejar al país.
“Smartmatic no hizo nada en secreto”, dijo Connolly en una carta al Herald. “Como fue señalado en un arbitraje presentado por Smartmatic contra Venezuela, la empresa, bajo coacción, entregó la licencia del software y firmó la entrega durante la ceremonia habitual realizada por la autoridad nacional para iniciar el proceso electoral”. No obstante, la demanda de arbitraje fue presentada ante el CIADI en el 2022, cuatro años después de las elecciones presidenciales de 2018.
TRANSFERENCIA DE FONDOS La oposición venezolana dijo que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta y declaró al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Más de 50 países, incluyendo Estados Unidos, terminaron desconociendo la presidencia de Maduro y muchos de ellos intensificaron las sanciones que ya habían adoptado contra el régimen y contra algunos de sus líderes, entre otras cosas, por socavar el sistema democrático del país. Si bien actualmente tiene su sede en Londres, Smartmatic fue fundada originalmente en el 2000 por tres venezolanos.
El primer gran éxito de la empresa llegó poco después, cuando el gobierno venezolano, encabezado por el entonces presidente Hugo Chávez, eligió a Smartmatic para reemplazar las máquinas de votación del país antes de su reelección en 2004. CNE audit of the voting system signed by the different political parties showed that the software used in Venezuela’s 2018 presidential election belonged to Smartmatic.
Según un informe confidencial de la Unidad de Información Financiera de Argentina, una agencia gubernamental que investiga el lavado de dinero en ese país, Ex-CLE recibió un pago de 70 millones de euros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela en el 2017.
Ese informe, publicado inicialmente por el sitio web de noticias Infobae, afirma que la empresa argentina realizó al menos dos transferencias de fondos en abril del 2018 por $182,645 a una cuenta bancaria en los Países Bajos perteneciente a Smartmatic. Ex-Cle, que terminó reemplazando a Smartmatic como proveedor oficial de software para las elecciones venezolanas, pagó un alto precio por su conexión con el régimen de Maduro.
En diciembre del 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la empresa “por apoyar al presidente ilegítimo de Venezuela… incluso proporcionando bienes y servicios que el régimen de Maduro utilizó para llevar a cabo las fraudulentas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020”. “Los esfuerzos del régimen ilegítimo de Maduro por robar las elecciones en Venezuela muestran su desprecio por las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”, dijo el secretario del Tesoro en ese momento, Steven T. Mnuchin.
“Estados Unidos sigue comprometido a atacar al régimen de Maduro y a quienes apoyan su objetivo de negar al pueblo venezolano su derecho a elecciones libres y justas”. Los correos electrónicos enviados por el Miami Herald a un representante de Ex-Cle no recibieron respuesta.
ACUSACIONES DE SOBORNO Smartmatic volvió a ser noticia en agosto tras el anuncio de que un gran jurado federal del sur de Florida había acusado a Roger Piñate, co-fundador y presidente de la empresa, de estar involucrado en una operación de corrupción y lavado de dinero tras presuntamente pagar sobornos a funcionarios extranjeros para obtener contratos para la compañía.
Piñate, un residente de Boca Ratón de 49 años, fue acusado junto con el ex vicepresidente de desarrollo de hardware de la compañía, Jorge Miguel Vásquez, residente de Davie de 62 años, de pagar un millón de dólares en sobornos al ex presidente de la Comisión Electoral de Filipinas, Juan Andrés Donato Bautista. “Estos sobornos se pagaron supuestamente para obtener y retener negocios relacionados con el suministro de máquinas de votación y servicios electorales para las elecciones filipinas de 2016 y para asegurar los pagos de los contratos, incluida la liberación de los pagos del impuesto al valor agregado”, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado de prensa. Registros judiciales, que incluyen una acusación presentada por la unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, indican que los contratos que obtuvo Smartmatic en Filipinas ascendían a $199 millones para proporcionar máquinas de votación y otros servicios para las elecciones de mayo de 2016 para presidente, vicepresidente y otros puestos.
Nota del editor: Una versión anterior de esta historia que apareció en la edición impresa del Miami Herald el 1 de septiembre de 2024, reportó por error que los funcionarios de Smartmatic no estaban disponibles para responder preguntas sobre esta historia.
Trabajo de investigación realizado por el periodista Antonio María Delgado del Nuevo Herald
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