La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió sentencia el jueves 3 de octubre en la que condena al Estado venezolano por la detención arbitraria del general retirado Ovidio Poggioli, así como de violar sus garantías judiciales.
En la sentencia, la CorteIDH responsabiliza internacionalmente a la administración de Nicolás Maduro por violar los derechos a la libertad e integridad personal de Poggioli, junto a la vulneración del debido proceso.
«La Corte determinó que la detención del señor Poggioli por la Dirección de Inteligencia Militar fue ilegal al no contar con una orden judicial ni presentarse una situación de flagrancia y que se vulneró su derecho a ser informado de las razones de su detención no informarle el motivo de la detención», expresa la sentencia.
De igual forma, indica la instancia interamericana que la sentencia en sí ya es una forma de reparar los daños que se le pudieron causar a Ovidio Poggioli y dispone también que el Estado debe dejar sin efecto los procesos militares en contra el general retirado.
Además, le exige reformar las normas internas para que la jurisdicción militar solo se aplique a quienes estén en servicio activo, dando además seis meses a las autoridades venezolanas para publicar la sentencia de la CorteIDH. También da un año para que se cumpla.
Destaca que el Estado debe hacer un informe en el que explique las medidas adoptadas para cumplir con las disposiciones.
Los hechos del caso se desarrollaron en el contexto de la movilización social en Venezuela entre diciembre de 2001 y abril de 2002, cuando el 19 de abril de 2002 el Ministerio de Defensa ordenó la apertura de un proceso en la jurisdicción militar contra Poggioli por la presunta comisión de delitos de naturaleza penal militar sin especificar los cargos.
La defensa de Poggioli presentó una acción de amparo constitucional solicitando la nulidad del proceso penal, la cual fue admitida por la Sala Constitucional, que suspendió el caso en 2002.
En diciembre de 2003, Poggioli fue detenido sin orden judicial por la Dirección de Inteligencia Militar y sin que se conocieran los motivos de dicha privación a la libertad. Posteriormente, en 2004 se le inició un segundo proceso penal, siendo acusado de instigación a la rebelión militar. Finalmente, fue condenado en 2005 a 2 años, 5 meses y 10 días de prisión, obteniendo su libertad plena en 2006.
«En este caso, el señor Poggioli, quien no era militar activo, fue juzgado por la justicia militar, lo que constituyó una violación a su derecho a ser oído por un tribunal competente (…) La Corte encontró que el Estado vulneró su derecho a ser informado detalladamente de los cargos en su contra en el proceso iniciado en 2002 y determinó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no fundamentó adecuadamente una solicitud en un recurso de amparo, lo que supuso otra vulneración a las garantías judiciales», explica la CorteIDH.
Familiares del general retirado Ovidio Poggioli denunciaron el viernes 7 de mayo de 2021 la “detención arbitraria” y posterior “desaparición forzosa” del exefectivo militar, luego de que éste fuese arrestado el pasado 27 de abril en el estado Táchira, tras volver de una revisión médica que se realizó en Estados Unidos; por lo que indicaron sentir temor por su vida.
Así lo dio a conocer su hija María Daniela Poggioli, quien manifestó su padre “ya cumplió condena” por un hecho ocurrido hace 17 años “no tiene prohibición de salida del país y no tiene ninguna causa pendiente con la justicia”, al tiempo que agregó que el exfuncionario mantiene su residencia en Venezuela.
La tarde del 17 de junio de ese año, el exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar, G/D (r) Ovidio Poggioli, fue excarcelado.
Poggioli salió de la prisión donde se encontraba recluido el mismo día que el teniente coronel de la Aviación Ruperto Sánchez y el coronel del Ejército José Gregorio Delgado, ambos señalados por su presunta vinculación con la llamada «Operación Jericó».
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