En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 imputa a Ana Korina Ulloa y a Carlos Adolfo Prada dos delitos contra la Hacienda Pública, un delito de falsedad documental y un delito de blanqueo de capitales
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge propueso juzgar a la viuda y al socio de Juan Carlos Márquez, un exdirectivo de la empresa pública venezolana PDVSA, por ocultar a la Hacienda Pública española fondos procedentes de la compañía petrolífera.
En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 imputa a Ana Korina Ulloa y a Carlos Adolfo Prada dos delitos contra la Hacienda Pública, un delito de falsedad documental y un delito de blanqueo de capitales.
El magistrado dictó este auto en el marco de una línea de investigación separada del conocido como ‘caso Morodo‘, y en el que explica que existen indicios de que desde 2007 a 2015 Prada junto con el ya fallecido Juan Carlos Márquez –el citado directivo de PDVSA– centró su actividad profesional en la prestación de servicios de asesoramiento legal e intermediación a la empresa por los que ingresó en 2014 y 2015 la cantidad de 22.660.195 euros.
El instructor detalla las sociedades instrumentales supuestamente utilizadas por Prada para defraudar a la Hacienda española, “carentes de medios personales y materiales, así como de actividad comercial para facturar servicios”. Eludía de esta forma, según el juez, sus responsabilidades con el fisco español y las sociedades se nutrían con fondos que procedían exclusivamente de PDVSA.
El juez De Jorge explica que en 2013 Prada suscribió un acuerdo con el fallecido por el cual éste recibiría el 50% de los ingresos obtenidos por el investigado.
Durante los años 2014 y 2015 Prada, según el auto, junto con las rentas percibidas de PDVSA obtuvo unas ganancias no justificadas de 246.849 euros (al menos 275.319 dólares) que también ocultó a la Hacienda española.
En lo relativo a la viuda de Márquez, el juez también detalla su participación en transferencias a cuentas en el extranjero de fondos de origen ilícito, procedentes de dádivas recibidas en 2012 por facilitar un negocio cambiario ilícito en PDVSA.
Siempre según el magistrado, y para dar apariencia de legalidad a esos fondos y aflorarlos posteriormente, se sirvieron de un complejo entramado societario y financiero en San Vicente, Las Granadinas, Suiza y Panamá.
El juez señala a una serie de directivos de PDVSA, además del alto cargo fallecido, investigados y en algunos casos condenados en EEUU por recibir dádivas de empresarios involucrados en un ilícito negocio cambiario de divisas con la empresa venezolana.
Para aflorar en España los fondos recibidos entre los años 2013 y 2019, tanto Prada como Ulloa habrían otorgado contratos simulados de préstamos en los que sus sociedades se interponían como prestamistas o prestatarias y realizaron otras inversiones.
El magistrado indica cómo una parte de los fondos recibidos transitaron por distintas cuentas abiertas en Suiza a nombre de personas interpuestas hasta que se transferían “a una cuenta en Suiza abierta a nombre de la fundación panameña Ayacucho, cuyo beneficiario era el fallecido Juan Carlos Márquez Cabrera y, en su defecto, sus hijos”.
Respecto al propio Márquez, el magistrado incluye la petición de la Fiscalía de decomiso autónomo contra los hijos del fallecido y que se resolverá cuando se dicte sentencia firme sobre los hechos.
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