La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) aseguró este lunes que no fue informado para enviar testigos al proceso de revisión de las actas físicas de las presidenciales, que llevó a cabo este domingo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el Consejo Nacional Electoral (CNE), como parte de un proceso de validación de los resultados de las elecciones.
A través de X, la PUD calificó de «supuesto peritaje» la revisión liderada por la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, quien, junto a peritos y veedores internacionales, acudió al CNE para validar que las actas físicas coincidan con las recibidas en la base de datos de los centros nacionales de totalización del ente electoral.
Según informó el canal estatal VTV, el procedimiento «fue observado, en tiempo real, por los testigos de las distintas organizaciones con fines políticos que participaron en el evento electoral del pasado 28 de julio», sin referirse a ninguna en concreto.
Sin embargo, la coalición opositora aseguró que tampoco fueron informados ni invitados los partidos Movimiento Por Venezuela y Un Nuevo Tiempo, que apoyaron al abanderado de la PUD, Edmundo González Urrutia, para las presidenciales.
El bloque opositor exigió al CNE «la publicación de las actas de escrutinio» y auditorías posteriores «independientes», como ha pedido el Consejo Permanente de la OEA, así como más de una veintena de países y la Unión Europea, para la esclarecer el cuestionado resultado oficial de las presidenciales.
Entretanto, el asesor jurídico de la PUD Perkins Rocha advirtió de un «mayor conflicto social», ante la decisión que considera tomará el Supremo -señalado por la oposición de favorecer al Gobierno- sobre la validación del resultado de las presidenciales, que dio la victoria al mandatario Nicolás Maduro, un triunfo que el antichavismo y varios Gobiernos extranjeros consideran fraudulento.
El CNE declaró ganador a Maduro con base en unos resultados que, 22 días después, aún se desconocen de forma desagregada, mientras que la PUD insiste en la «victoria» de González Urrutia, según el «83,5 %» de las «actas» que -asegura- recogió gracias a testigos y miembros de mesa durante la jornada electoral, algo que el Gobierno considera como documentos falsos.
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