En dicho informe se detalla que el gobierno de Nicolás Maduro ha endurecido sus constantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos con la intención de reprimir el avance de sus opositores, quienes pueden competir contra el en la próxima elección presidencial en Venezuela.
La “represión institucional” en Venezuela se incrementó en 2023, cuando, según un informe por la ONG Acceso a la Justicia, el Estado “preparó el terreno para las elecciones” presidenciales de 2024 -que se celebrarán el próximo 28 de julio- con inhabilitaciones políticas, intervenciones de partidos y nombramiento “inconstitucional” de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según el informe, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría chavista, nombró en 2023 un nuevo CNE, pese a que “los diputados no debieron convocar un nuevo proceso de designación” de nueva directiva, sino designar “reemplazos” de rectores, ya que la saliente había cumplido poco más de dos años, de los siete que debe durar su periodo, según la normativa.
Además, Acceso a la Justicia señaló que la AN “nombró a tres rectores vinculados con el chavismo y a dos con la oposición”, cuando la Constitución establece que el CNE “estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos”, una decisión que “pone en duda la capacidad” de esta instancia “para organizar comicios libres, justos, transparentes y competitivos”.
Asimismo, recordó que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió “un recurso contencioso electoral” para dejar sin efecto las primarias de la oposición, una vez ya celebradas, en las que ganó María Corina Machado, quien no pudo concretar su candidatura a las presidenciales, debido a una inhabilitación administrativa que le impide optar por cargos públicos hasta 2036.
La organización destacó que no se ha publicado la sentencia sobre la anulación de las primarias, por lo que se desconoce “las razones jurídicas por las cuales se dicta”. Tampoco es público el documento sobre la inhabilitación de Machado, por lo que “nadie sabe por qué fue inhabilitada”, afirmó el codirector de la ONG, Alí Daniels.
Recordó que el TSJ “ha actuado como interventor”, en especial “sobre sindicatos y partidos políticos”, lo que -según el informe- “parece ser una estrategia por confeccionar no solo una oposición a la medida, sino por silenciar toda disidencia dentro de sus propias filas”.
Partidos opositores de Venezuela denunciaron este jueves la desaparición forzada, en Caracas, del empresario Ricardo Albacete Vidal, quien hospedó a la líder antichavista María Corina Machado en su casa en el estado Táchira (oeste) durante una reciente visita de la ex diputada a esta región fronteriza con Colombia.
El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, organización liderada por Machado, denunció en redes sociales que Albacete Vidal fue detenido por “funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia)”.
Además, señaló que, horas antes, fueron “allanadas sus propiedades en el estado Táchira, entre ellas, la casa donde se hospedó” la líder opositora de Venezuela.
El partido La Causa R también denunció la detención, a la que calificó como una “arbitrariedad inaceptable” de la que responsabilizó al dictador Nicolás Maduro.
“Ricardo Albacete no ha cometido ningún delito. Exigimos su inmediata liberación”, expresó la formación antichavista en X, donde compartió una publicación del abogado Omar Mora Tosta, en la que señala que el empresario fue “perseguido por dar albergue en su casa” a Machado en Táchira y “detenido arbitrariamente esta tarde en Caracas”.
Por su parte, la ONG Un Mundo Sin Mordaza condenó “el allanamiento a una de las viviendas y los galpones industriales” del empresario, y exigió al Estado “el cese de las persecuciones, detenciones y allanamientos arbitrarios de las viviendas de los ciudadanos que piensen distinto”.
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