La principal petición que tiene el gobierno de Nicolas Maduro para una nueva fase del Acuerdo de Doha con el de Estados Unidos es el pleno levantamiento de sanciones, que afectan al sector de los hidrocarburos porque representa una carga para Petróleos de Venezuela (PDVSA) no poder comercializar libremente su crudo y combustibles.
A lo anterior se agrega una solicitud expresa a la administración de Joe Biden para participar en los litigios que comprometen a la propiedad de PDVSA en la empresa de refinación Citgo junto a las negociaciones que deben hacerse con los acreedores de la Republica y de la empresa estatal.
Esto necesariamente pasa por la solicitud para que los tribunales estadounidenses reconozcan a los representantes legales designados por la administración Maduro a través de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Petróleo y PDVSA.
Esta petición, no obstante, está atada a que formalmente haya un reconocimiento por parte del gobierno de Joe Bien de la administración de Maduro y esto solo ocurrirá después del 28 de julio en caso que resulte reelecto y que organismos internacionales de observación electoral como el Centro Carter o el Comité de Naciones Unidas avale ese resultado.
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