El Tribunal 2 de Control con competencia en Terrorismo, a cargo de la jueza Grendy Duque Carvajal, sentenció a 21 personas, algunos con pena máxima de 30 años, por la llamada «operación Libertad», como se conoció a los hechos del 30 de abril de 2019.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló que los presos políticos Roberto Bracho Coy, Ramón Alí Peñalver, Jhon Hader Betancurt, Oneiber Paredes y Rafael Villafranca fueron sentenciados a 30 años de prisión.
A Fernando Betancourt, Royderman Machado, Juan Mendoza, Ysay García y Henry Castillo se les impuso 24 años de cárcel. En el caso de Anderson Farnetano se le dictó 22 años de prisión.
También fueron condenados por estos hechos Carlos Torrealba, Miguel Salazar, los efectivos de la Aviación Carlos León Núñez y Rigoberto Pinzón, Ervin Gragirena, Adelis Rosales Peroza, Rubén Darío Fernández, José Pavón Medina, Hebert Amarón Quintero y Juan Carlos Bolívar.
La ONG señaló que la audiencia comenzó pasada las 5:00 p.m. del lunes 13 de mayo y finalizó este martes a las 7:00 a.m. cuando fue dictada la sentencia de la jueza Duque.
Familiares de estos presos políticos han reclamado la falta de debido proceso y la nula investigación de las denuncias de tortura que verbalizaron algunos de los hombres arrestados en distintos lugares del país luego de los hechos.
«Es indignante y desgarrador escuchar sobre las condiciones de angustia y hambre que sufrieron quienes son perseguidos por motivos políticos en Venezuela durante la audiencia violatoria de DDHH, por lo que denunciamos el maltrato sostenido y las condiciones de desatención a las que fueron sometidos», ratificó la organización.
La «operación Libertad» consistió, según las autoridades, en un movimiento concertado el 30 de abril de 2019 entre el entonces director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Manuel Cristopher Figuera, el ex preso político Leopoldo López, el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó y un grupo de militares para atentar contra el gobierno venezolano a través de un levantamiento insurreccional.
Según los organizadores de la conspiración, también estaban involucrados varios representantes de poderes públicos, como el entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, o el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Todos negaron su participación en estos hechos. López, Figuera y el grupo de militares lograron salir del país en distintos momentos, al igual que el exdiputado Guaidó.
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