A 80 días de las elecciones presidenciales del 28 de julio, el saldo contra los comandos electorales de la Plataforma Unitaria –que agrupa a 10 partidos políticos– y sus aliados es negativo. La persecución y el acoso hacia dirigentes nacionales, regionales y militantes se ha recrudecido, especialmente tras las visitas de María Corina Machado a algunos estados y algunos eventos calificados por las autoridades como supuestos intentos de conspiración y magnicidio.
Según reseñó el medio TalCual, desde el 5 de marzo de este año, cuando se anunciaron formalmente las elecciones, se han registrado 10 detenidos y con procesos judiciales abiertos por supuesta conspiración, terrorismo o instigación al odio. Nueve de ellos son integrantes de Vente Venezuela.
También se ha contabilizado la «retención» e interrogatorios policiales de dos activistas de La Causa R, así como la persecución y hostigamiento de cuerpos de seguridad contra al menos 33 personas entre dirigentes nacionales, regionales y activistas.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) es el organismo identificado desde los partidos como el principal encargado de la persecución contra figuras políticas, seguido de policías regionales y agentes de la Policía Nacional Bolivariana.
Si bien la persecución contra el partido de María Corina Machado ha sido particular, destaca el caso de los activistas de La Causa R. en el estado Monagas, tras la detención de uno de sus integrantes (Whilfer Piña) acusado de intento de magnicidio por las autoridades, el Sebin se dedicó a hostigar, perseguir y allanar las viviendas de parte de la dirigencia regional.
«Incluso uno de ellos falleció, un señor mayor, por la presión y todo el acoso del Sebin. Era nuestro coordinador electoral. Todo el equipo político regional ha sido víctima de allanamientos, se han llevado todos sus equipos tecnológicos, laptops, celulares, computadoras, todo esto a raíz de la detención de Whilfer Piña al que vinculan con una presunta acción de magnicidio por unas capturas, de las cuales dudamos de su veracidad», comenta Andrea Tavares, secretaria general nacional de La Causa R.
En el estado Falcón, explica la secretaria general de La Causa R, en varias oportunidades han amenazado al coordinador regional Sterling Bracho. «Él fue botado de Corpoelec por retaliación política. Acaba de ganar en tribunales el reenganche y no ha habido forma de que pueda ingresar nuevamente a la empresa». Además, frente a su casa se detiene un taxi sin placas, con personas adentro que visten uniformes negros.
Mientras que en Aragua, el coordinador electoral de La Causa R fue secuestrado en una camioneta van de color blanca por hombres armados y vestidos de negro. «Lo ruletearon por varios sitios de Cagua y finalmente, después de hacerle un conjunto de preguntas sobre el tema político, el comando de campaña, con la Plataforma Unitaria, lo dejaron ir en un lugar alejado de su vivienda. Le costó mucho hacer contacto para que lo fueran a buscar».
Dirigentes de Voluntad Popular en Aragua también han sido perseguidos, destaca Adriana Pichardo, coordinadora política adjunta de la organización. «Es como un fichaje en cada una de las actividades, sobre todo cuando son actividades referentes a la visita de María Corina Machado o de campañas relacionadas a la elección del 28 de julio».
Los cuatro coordinadores de organizaciones políticas consultados para este trabajo coinciden en que la persecución escalará a medida que se avance en la campaña, que inicia formalmente el 4 de julio.
«Nosotros rechazamos todo tipo de persecución, pero no solamente la dirigencia política está perseguida. Al ciudadano común y corriente el gobierno también lo está persiguiendo al atentar contra su dignidad, sus libertades, el derecho a alimentarse, a la circulación, a la atención médica. La persecución y amenaza es contra todo el pueblo venezolano, contra todo el que piensa distinto y no solo por parte de los cuerpos de seguridad», asegura Piero Maroun, secretario de organización nacional de Acción Democrática «en resistencia».
Caso Vente Venezuela
La arremetida contra el partido de María Corina Machado aumentó luego de las primarias del 22 de octubre, donde resultó ganadora con poco más de 2,2 millones de votos. Cuatro de sus jefes de campaña regionales se encuentran detenidos desde el 23 de enero, un activista de Caracas fue detenido por «intento de magnicidio» y dos militantes de Portuguesa fueron arrestados y procesados judicialmente tras una gira de la dirigente a finales de abril.
En el caso de la dirección nacional, dos de sus integrantes fueron detenidos: Henry Alviárez, coordinador nacional de organización, y Dignora Hernández, secretaria política nacional, fueron arrestados el pasado 20 de marzo en distintos operativos y vinculados a una supuesta conspiración para «forzar la habilitación» de Machado a través de sucesos violentos en todo el país. Sus abogados, que no han podido juramentarse, aseguran que están en desaparición forzada.
En esa misma «conspiración» también fueron señalados otros cinco miembros de la dirección nacional: Magalli Meda, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu, Omar González y Humberto Villalobos. Todos se encuentran refugiados en la Embajada de Argentina.
La propia Machado ha sido víctima de persecución y hostigamiento por parte de organismos de seguridad, al igual que otros dirigentes de partidos como Andrés Velásquez, Freddy Superlano, Delsa Solórzano o Alfredo Ramos. La siguen en carros no identificados, toman fotografías y graban videos de sus actividades en las regiones.
Persecución incesante
Héctor Cordero, vicepresidente de Encuentro Ciudadano, señala que la dirigencia y sus activistas «siempre están bajo el escrutinio de los cuerpos de la policía política del Estado, y tenemos dirigentes detenidos por expresarse en redes sociales como nuestro compañero Nelson Piñero, detenido por ejercer su derecho de opinar en las redes sociales».
En el partido azul repiten el mantra de Vente Venezuela: Nadie nos saca de la ruta electoral. Cordero destaca que a pesar de la persecución, la dirigencia «está firme y consciente de la situación que se vive en el país (…) No buscamos atajos, estamos comprometidos con la ruta electoral y a pesar de todos los obstáculos que coloca el régimen seguiremos en la lucha democrática».
Aunque en Voluntad Popular no han registrado detenciones, están alertas ante los nuevos escenarios, dice Adriana Pichardo. «Ya estamos viendo que no solo es víctima el equipo de María Corina Machado. En Portuguesa fue detenida una dirigente de Primero Justicia y eso es lo que podemos estar viendo tras el paso de la gira de Machado».
El secretario de organización de AD «en resistencia» afirma que este tipo de situaciones se han presentado durante estos 20 años contra las diversas estructuras de su partido. «Lo que pasa es que hay ocasiones en las que se visibiliza más (…) Seguramente en los próximos días en lo que la campaña arrecie pierdan más apoyo popular, no les quedará otra cosa que seguir arreciando la persecución, la amenaza, seguir metiendo gente presa. Afortunadamente estamos muy cerca de salir de esta tragedia».
Maroun resalta que todas las estructuras deben «asumir la responsabilidad y los riesgos, trabajar para conseguir un camino de democracia y libertad conlleva riesgos y hoy todos los que estamos en AD estamos dispuestos a asumirlos».
Por ahora, la tolda blanca se concentra en el trabajo casa por casa, «de contactar a la gente para movilizarse, estamos montados en el trabajo del padrón electoral para cuidar el voto. Ese es el trabajo inteligente, de organizarnos y prepararnos para lo que va a venir. La confrontación para nosotros es menos y la organización es más».
Andrea Tavares, que también ha sido víctima de persecución y hostigamiento, señala que la administración de Nicolás Maduro «intenta, dada las circunstancias de la gran participación y movilización de la gente en torno a un liderazgo y en torno a los partidos de la oposición democrática, de amedrentar y perseguir para desmovilizar. En aquellos casos donde persiguen a los coordinadores de comando, los jefes de comando, tratan de implosionar el trabajo organizativo y que concreta el tema de la votación».
Para la secretaria general de La Causa R, no existe por los momentos disposición por parte del oficialismo para generar una transición política. «En la medida en que se acerque el proceso electoral y los resultados que vemos en las encuestas se vayan convirtiendo en una posibilidad mucho mayor, nosotros creemos que, si no se desarrolla un proceso de negociación para una transición, puede venir una escalada mayor hacia la dirigencia política en general».
De los partidos consultados, solo Encuentro Ciudadano no cuenta con un protocolo formal de seguridad. En La Causa R, tras los sucesos de Monagas, se activó además un protocolo en materia de derechos humanos; mientras que Voluntad Popular ha puesto a la orden de algunos partidos sus propias pautas.
Planificando estructuras
Pese a la persecución y detenciones, los coordinadores nacionales coinciden en que el foco es la organización de los testigos, a través de la Red 600K, y la movilización del electorado para el 28 de julio.
«No hay miedo ni en el ciudadano o en los dirigentes sociales, porque más que todo son dirigentes en sus comunidades que se preparan en este proceso. Hay mucho más compromiso, todo los venezolanos hemos aprendido de este proceso de persecución y violación de derechos humanos y estamos entendiendo con mucha fuerza lo que representa el 28 de julio para alcanzar el objetivo de libertad y democracia», dice Adriana Pichardo.
La coordinadora política de VP, que amplía sus estructuras para sumarse a los comandos de campaña, considera que la estrategia del miedo no está funcionando. «Es un patrón que repiten en distintas circunstancias: lo hicieron con Henrique Capriles en 2012, con Juan Guaidó a partir de 2020 y ahora lo repiten alrededor de la figura de María Corina Machado y de Edmundo González. Ya la dirigencia entendió, sabe como deben trabajar y están enfocados en la ruta electoral».
En Encuentro Ciudadano, comenta Héctor Cordero, han estado en formación de sus cuadros desde las primarias. «La meta es preparar y tener los cuadros electorales que nos sean solicitados».
Hay tres líneas que trabaja AD en estos momentos, refiere Piero Maorun: formación de coordinadores de centros electorales y testigos de mesa, activismo social y movilización del electorado. «Nosotros no tenemos dudas de que la gente se va a movilizar, pero tenemos que cuidar los votos. La defensa del voto debe ser central y sólo no es tarea de la dirigencia de partidos, sino del ciudadano común y corriente».
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