En otra acción judicial calificada de arbitraria, el Tribunal segundo de Control contra el Terrorismo de Venezuela realizó la audiencia preliminar al preso político Alejandro González, expareja de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, sin permitírsele designar a sus abogados de confianza que pudiesen rebatir los cargos fiscales en su contra e impedir juicio.
La audiencia preliminar, establecida en el Código Procesal Penal venezolano, es la de mayor trascendencia de las cuatro fases del proceso, debido a que el acusado presenta sus alegatos ante el juez que luego determinará si hay suficiente evidencia o no para llevarlo a juicio.
González, expiloto y gerente local de la petrolera estadounidense Chevron, fue imputado por la fiscalía al servicio del régimen como presunto responsable de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación en el caso de una supuesta conspiración. Pero cuenta solo con defensores públicos que hasta la fecha no habrían ejercido sus funciones, según abogados.
Por este caso también fue acusada San Miguel por terrorismo, entre otros delitos, y permanece recluida en la sede del Sebin, en el Helicoide, donde espera que se realice la audiencia, pero hasta la fecha tampoco ha podido designar sus abogados.
Violación del derecho a la defensa
El abogado Joel García, del equipo que asiste a los procesados, informó que el juez Carlos Liendo realizó la audiencia de González el 2 de mayo, en horas de la noche y de forma telemática, a pesar de que el procesado “se negó por no contar con su defensa de confianza”, lo que significaría una persistente violación del derecho al debido proceso que ha caracterizado este caso.
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