Rastrear para luego recuperar el dinero público involucrado en corrupción y en legitimación de capitales es una tarea ardua, ya que los procedimientos utilizados suelen no dejar huellas. Con la trama Pdvsa Cripto, denominada así por el Ministerio Público venezolano, se evidenció el manejo de miles de millones de dólares, de los cuales gran parte se transó en efectivo y a través del sistema de las criptomonedas.
En lo que respecta a la legitimación de capitales, la experticia contable es una herramienta necesaria para investigar los diferentes mecanismos financieros de los que se valen las organizaciones delictivas para cometer este delito. El objetivo principal de este medio de prueba, es el procesamiento, revisión, análisis y descripción de la documentación contable objeto de peritaje, hasta la elaboración del informe con los resultados de estos procesos, según se desprende de los textos sobre el tema.
Para llegar a ello, es necesario contar con un equipo capaz para investigar las grandes redes de corrupción, pero en el caso de Venezuela, apoyado en grupos internacionales con experiencia técnica y experticia financiera. Hasta ahora, la Fiscalía General ha informado que por el caso Pdvsa Cripto que involucra a entes del Estado, altos funcionarios públicos y empresarios del sector privado, en las más de 60 detenciones entre 2023 y 2024 se han ejecutado tras la delación de varios de los involucrados.
Se mencionaron -además- algunos montos pagados por sobornos y extorsión. Mientras que en abril del pasado año se decomisaron 682 activos entre apartamentos, oficinas, terrenos, haciendas, carros y vehículos de lujo, aeronaves, entre otros. Para desentrañar toda esa gran red de corrupción es necesario que las personas que se seleccionen para esta labor tengan amplios conocimiento de las nuevas técnicas de investigación, de análisis forenses, de auditorías de procesos, entre otros.
«Los tamaños de las redes que se construyen entre funcionarios, empresas, grupos financieros, bufetes de abogados y analistas son gigantescos para poder lavar una gran cantidad de dinero. Los esquemas utilizados para desviar el dinero también son muy complejos, como el usado en el último caso Pdvsa Cripto, donde se utilizó el sistema de las criptomonedas», dijo en una entrevista a TalCual, Mercedes De Freitas, directora de la ONG Transparencia Venezuela.
Entre las empresas y entes públicos mencionados por la Fiscalía destaca Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartones de Venezuela (Cartoven) y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
El fiscal designado por la extinta constituyente, Tarek William Saab, informó el martes 9 de abril, que de acuerdo a las delaciones de testigos, el exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Tareck El Aissami a través de sus hombres de confianza Joselit Ramírez (superintendente de la Sunacrip) y Hugbel Roa (diputado del PSUV), asignaba directamente buques de crudo, para luego movilizar lo obtenido por su comercialización sin dejar rastro. Se valían de empresas de maletín y pagos en criptomonedas.
«De esta manera controlaban el acceso a divisas en el mercado nacional, lo que les permitía especular con el mercado cambiario», afirmó.
Aseguró Saab que los cobros por comisiones ilegales llegaban a 15% sobre el monto negociado de las contrataciones a dedo de las embarcaciones de crudo y a otros contratistas no petroleros. Igualmente, dijo que para asegurar los envíos de crudo se cobraba el barril a 50% de su valor de mercado.
Pero más importante aún, una buena cantidad de esos cargamentos no fue contabilizada en el sistema informático de Pdvsa, mientras que otra parte de los recursos empezaron a negociarse con criptomonedas, una herramienta financiera difícil de rastrear e independiente al sistema bancario internacional. Todo ello ocurrió mientras Antonio José Pérez Suárez ocupaba la vicepresidencia Comercio y Suministro de Pdvsa.
Con el sistema cripto se permitió a particulares administrar las billeteras que contenían esos fondos, por lo que perdieron el control sobre las transacciones, es decir, se perdió la capacidad de saber dónde está el dinero. Sin embargo, los implicados sí pueden ser identificados y la persona dueña de la billetera entregar «voluntariamente» su llave privada, según explicó Guillermo Fernandes, fundador de una empresa que estudia cadenas de bloques llamada Blockpliance.
Pero todo llega hasta aquí, puesto que la recuperación de los fondos no es tan sencillo, como si se puede hacer en el sistema bancario, que establece mecanismos de protección para estos casos y las cuentas pueden ser congeladas o incautadas.
Las cifras involucradas en la trama de corrupción van desde 5.500 millones hasta 16.000 millones de dólares, según los cálculos de organizaciones privadas. Sin embargo, el máximo monto estimado fue la del diputado del partido oficialista PSUV, Hermán Escarra, de 23.000 millones de dólares.
Otro de los recientemente detenidos por este caso es el exministro de Economía y Finanzas, Simón Alejandro Zerpa, a quien se le acusa de «especulación financiera».
«Los detenidos han confesado detalles de la operación, que incluyen métodos para ocultar fondos mediante criptoactivos. Todos los últimos capturados han revelado la trama, pruebas, nombres, tenían fórmulas para esconder el dinero en criptoactivos», acotó el gobernante Nicolás Maduro en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.
Mercedes De Freitas sostuvo que Pdvsa Cripto, la trama de corrupción más grande del país, es producto de la debilidad en la contraloría por parte de las instituciones, lo cual propició que se cometieran otros cientos de abusos financieros en detrimento de la principal empresa estatal Pdvsa a través de sobreprecios, alta y discriminada emisión de bonos de deuda, uso de información privilegiada. Pero también de la autoridad monetaria del país: el Banco Central de Venezuela (BCV) con los diversos esquemas de entrega de divisas a tasa preferencial y desde la famosa petición del «millardito» de las reservas internacionales que financió presupuestos paralelos.
La búsqueda
Para la protección, recuperación y gestión de activos recuperados en hechos de corrupción y legitimización de capitales, se lleva a cabo un rastreo desde donde sale el dinero y hasta donde llega, mayoritariamente hacia países considerados «paraísos fiscales». No obstante, en el caso venezolano una buena parte de los activos se encuentran dentro del país y otro tanto se encuentra fuera del sistema financiero local y lejos de las arcas de la Nación. Es por ello que entonces se debe comenzar por casa.
Para esta tarea es importante el papel del Ministerio Público. Uno de los medios de prueba que recoge el Código Procesal Penal Venezolano del año 2012, es la prueba pericial, la cual consiste en un informe que rinde una persona denominada perito. En este sentido, será una guía para identificar las actividades ilícitas relacionadas con este delito y que pudiesen afectar a las personas y a las empresas en general.
Igualmente, la investigación lleva varios pasos, entre ellos, la experticia contable, así como auditorías financiera y forense; los soportes que sustentan el peritaje contable financiero relacionados al delito de legitimación de capitales.
¿Está preparado el Ministerio Público venezolano para esta tarea de rastrear el dinero usado en actividades ilegales? Se desconoce. Solo se sabe que a más de un año de develarse la trama de corrupción más grande en la historia del país, no se cuenta con un aproximado del monto oficial del desfalco, solo cifras sueltas sobre sobornos pagados o recibidos por los involucrados y que fueron reveladas por el fiscal Saab en sus alocuciones sobre Pdvsa Cripto.
Oscar Solórzano, un abogado peruano-suizo y especialista en la recuperación de activos, afirmó en una visita a Venezuela, que es posible recuperar los bienes robados por la corrupción en el país. El experto señaló que el marco jurídico internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ofrece herramientas valiosas para la recuperación de activos, aunque no existe un procedimiento estándar y cada caso requiere un enfoque adaptado a las condiciones específicas de los países involucrados.
«Urge la necesidad de cooperación jurídica internacional y un cambio de gobierno en Venezuela para facilitar la recuperación efectiva de los bienes» y ante los «obstáculos significativos como un poder judicial influenciado por el gobierno», acotó.
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