Estados Unidos no renovará la licencia temporal, que expira el jueves 18 de abril, en la cual relajaba ampliamente las sanciones al sector petrolero y gasífero de Venezuela, dijo un portavoz del Departamento de Estado, a menos que el presidente Nicolás Maduro «haga progresos» en los compromisos para la celebración de elecciones libres y justas este año.
El Gobierno de Estados Unidos se ha mostrado preocupado por el proceso electoral de Venezuela y por lo que considera un incumplimiento, por parte de la administración del presidente Nicolás Maduro, de sus principales promesas para las elecciones presidenciales del 28 de julio.
«En ausencia de progresos por parte de Maduro y sus representantes en términos de implementación de las disposiciones de la hoja de ruta, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024», dijo un portavoz no identificado del Departamento de Estado, citado en una nota de la agencia Reuters.
El gobierno del presidente Joe Biden tiene pocas esperanzas de que Maduro haga suficientes concesiones antes de la fecha límite del jueves para satisfacer las demandas de Estados Unidos.
Funcionarios estadounidenses y venezolanos se reunieron en secreto en México el martes pasado, pero una fuente informada sobre las conversaciones indicó que hicieron poco o ningún progreso en la reducción de sus diferencias, indica Reuters.
Otra licencia con más restricciones
La falta de renovación de la licencia actual no descartaría la posibilidad de que Estados Unidos emita una nueva licencia más restrictiva para reemplazarla.
Las exportaciones de petróleo de Venezuela en marzo aumentaron a su nivel más alto desde principios de 2020, ya que los compradores se apresuraron a completar los cargamentos de crudo antes de la expiración prevista de la licencia de EE.UU., informó Reuters.
La petrolera estatal venezolana, PDVSA, ha dicho que está preparada para cualquier escenario, incluido el regreso de las sanciones petroleras totales.
Los asesores del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, todavía están discutiendo una serie de opciones antes de la expiración de la licencia temporal de Estados Unidos que ha permitido a Venezuela vender libremente su crudo, según fuentes enteradas de este asunto.
La administración de Biden «está decidida a castigar al gobierno de Maduro de alguna manera» y está deliberando sobre hasta dónde llegar en la retirada del alivio de las sanciones, aunque se espera que no llegue a un retorno completo a la política de «máxima presión» de la era Trump.
Lo que está en discusión
Las posibles medidas que se están considerando seriamente serían permitir a Venezuela seguir vendiendo su petróleo y gas en los mercados mundiales, pero reimponer la prohibición del uso de dólares estadounidenses en esas transacciones.
Esta restricción obligaría a Venezuela a cambiar a otras monedas y ampliar los acuerdos de trueque y los swaps, según fuentes informadas de las deliberaciones.
Esta alternativa podría ampliar el papel del sector bancario venezolano en las ventas de petróleo si las transacciones en moneda nacional son las únicas autorizadas.
Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses instó al Gobierno de Biden a considerar sanciones individuales para los responsables directos de «acciones represivas». Sucesivas administraciones estadounidenses ya han sancionado a decenas de funcionarios venezolanos.
Chevron se salva
Las autoridades estadounidenses no tienen previsto retirar la autorización concedida a Chevron, que se renueva automáticamente cada mes, para vender petróleo en Estados Unidos procedente de sus empresas mixtas en Venezuela en 2022.
También se espera que se mantengan las autorizaciones a las petroleras europeas para adquirir petróleo venezolano, dijeron las fuentes.
En las actuales deliberaciones en el seno del Gobierno estadounidense pesa la preocupación de si la reimposición de sanciones al sector energético de Venezuela podría provocar una subida de los precios mundiales del petróleo y aumentar el número de emigrantes venezolanos que se dirigen a la frontera entre EE.UU. y México, mientras Biden hace campaña para su reelección en noviembre.
Estados Unidos concedió el alivio parcial de las sanciones en octubre en respuesta a un acuerdo electoral alcanzado en Barbados entre el gobierno de Maduro y la oposición. El pacto incluía el derecho de la oposición a elegir su propio candidato presidencial.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió por separado hasta el 13 de agosto una licencia que protege a la refinería CITGO Petroleum, propiedad de Venezuela, de los acreedores.
La parte mayoritaria de la oposición venezolana, según las encuestas, está llevando a cabo negociaciones internas sobre cómo presentar un candidato de consenso a las elecciones del 28 de julio y quién podría ser ese abanderado.
María Corina Machado, quien ganó holgadamente las primarias de la oposición el pasado octubre, no puede presentarse porque tiene prohibido ocupar cargos públicos, una decisión que considera injusta.
Machado nombró a Corina Yoris como su sucesora, pero la académica de 80 años tampoco pudo inscribir su candidatura.
Dos candidatos de este sector de oposición pudieron inscribirse, y los posibles sustitutos pueden ser nombrados hasta el 20 de abril.
En el proceso ya compiten 11 candidatos que también se proclaman opositores.
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