La Corte de Apelaciones, a cargo de la jueza Katherine Harrington, ratificó la condena a 30 años de prisión contra la comerciante Emirlendris Benítez, una de las acusadas en el «caso de los drones», como se conoció al supuesto intento de magnicidio contra el gobernante Nicolás Maduro en agosto de 2018.
Así lo confirmó la hermana de Benítez, Melania Leal, en sus redes sociales. «Sabiendo que ella es inocente. Pido libertad para mi hermana», expresó.
La ratificación de la condena contra Benítez se suma a la de Oswaldo Castillo y el general Héctor Hernández da Costa, quienes también enfrentan pena máxima junto a otras 11 personas: Juan Carlos Monasterios, Juan Requesens, Argenis Valera, José Miguel Estrada, Alberto Bracho, Brayan Oropeza, Henribert Rivas, Yolmer Escalona, Yanin Pernía, el general de División Alejandro Pérez Gámez y el coronel Pedro Zambrano.
El 4 de agosto de 2022, el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Terrorismo, a cargo de la jueza Hennit López Mesa, dictó penas por 30, 24, 20, 16 y 5 años para las 17 personas supuestamente vinculadas al «caso de los drones» con el que presuntamente asesinarían a Maduro.
En el caso de Emirlendris Benítez, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias pidió su liberación inmediata en 2022. También que se le concediera una indemnización y otros tipos de reparación, pero esta decisión no fue tomada en cuenta por la jueza al momento de dictar sentencia.
Permanece recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda. Sus familiares han solicitado a las autoridades en múltiples ocasiones que se garantice su atención médica o una medida sustitutiva para poder recibir tratamientos adecuados a sus dolencias.
Emirlendris Benítez, de 42 años, fue detenida el 5 de agosto de 2018. La comerciante se encontraba haciendo una carrera en la madrugada, junto a su pareja Yolmer Escalona, cuando pasaron por una alcabala donde le pidieron sus papeles, los entregó y, acto seguido, fueron detenidos sin que les explicaran los motivos.
Mientras estuvo detenida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fue golpeada por funcionarios, vapuleada contra objetos contundentes como paredes y asfixiada con bolsas plásticas. Esto le hizo abortar al bebé que estaba gestando en ese momento. Además, contribuyó a un encapsulamiento en mama de una de sus prótesis y la migración de biopolímeros desde sus glúteos hasta sus piernas y columna vertebral.
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