82 organizaciones no gubernamentales venezolanas exigieron este martes 26 la «inmediata liberación» de los defensores de derechos humanos Rocío San Miguel y Javier Tarazona, al igual que todos los presos políticos del país.
En un comunicado, dichas organizaciones exigieron que la presidenta de Control Ciudadano tenga acceso «inmediato y sin restricciones» a los abogados de su elección, respeto al debido proceso y el derecho a la defensa.
También exigieron a la comunidad internacional que se solidarice con San Miguel y apliquen «presión diplomática y política para asegurar su liberación inmediata y la protección de sus derechos».
El pasado 9 de febrero, Rocío San Miguel fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, cuando se disponía a salir del país por un viaje familiar. No fue sino hasta dos días después, ante una ola de denuncias de desaparición forzada, que el Ministerio Público informó sobre la detención de la abogada.
El 13 de febrero, los tribunales la acusaron formalmente de formar parte de una supuesta conspiración de magnicidio denominada «Brazalete Blanco» y fue enviada a la sede del Sebin de El Helicoide.
Para las oenegés, la detención de la activista, su desaparición y posterior reclusión, donde no se le ha permitido juramentar defensa privada, «constituyen una violación a los derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluyendo la presunción de inocencia, el debido proceso, juicio justo y a la libertad de expresión».
Además, señalaron que estas acciones no solo violan sus derechos individuales como mujer y defensora, «sino que también tienen implicaciones de género significativas, intensificando la violencia que enfrentan las mujeres en Venezuela».
Aseguraron que este acto de represión «busca un efecto paralizante» en las organizaciones vinculadas a derechos humanos en el país, y envía «un mensaje intimidatorio a todas aquellas personas que, como Rocío, se atreven a alzar la voz contra las injusticias».
NotiVeraz