Padres de familia denunciaron amenazas de una banda criminal a escuelas de La Cañada de Urdaneta, en el noroeste de Venezuela, por lo que estudiantes de este municipio no han podido asistir a clases, temiendo que los niños sean víctimas de un ataque.
“La gente tiene miedo”, dijo a periodistas un padre de dos niños, quien explicó que la banda usa redes sociales para publicar sus amenazas y advertir a los padres que será su responsabilidad si llevan a sus hijos a los centros educativos y “les pasa algo”, aunque los mensajes -señaló- no han sido del todo claros, por su precaria redacción.
El hombre, que solicitó el anonimato por seguridad, tiene varias semanas que no lleva a sus hijos a la escuela, cuyos directores, a pesar de todo, han llamado a asistir a clases, lo que considera como una respuesta irresponsable a la situación, que pone en riesgo a “los más inocentes”.
“¿Quién va a pensar que se iban a meter con una escuela?”, expresó el padre, quien indicó que la banda ha publicado fotos de una granada “en una bolsa en una mano” en redes sociales, donde ha nombrado a algunos centros educativos de la zona.
Por su parte, la madre de una niña, que también pidió no ser identificada, aseguró que “ha sido demasiado fuerte todo” lo que han vivido en esta localidad del estado Zulia -fronterizo con Colombia-, una situación que describió como frustrante y que “le está causando un daño psicológico” a los menores de edad.
“Yo estoy preocupada, asustada, mi hija todos los días llora porque ella quiere ir a su colegio. Ella quiere volver a sus clases, compartir con sus maestras, no le está gustando esta parte de la tarea online, no le gusta así, a ella le gusta ir a clase”, dijo la mujer, quien teme que los centros educativos en el sector cierren.
Los representantes denuncian que la situación lleva tres semanas, durante las que los niños han recibido clases de manera virtual, mientras que en algunas de las escuelas ha habido un despliegue de cuerpos de seguridad.
La ONG Fundaredes ha alertado en varias ocasiones de la presencia de grupos armados irregulares en estados venezolanos como Zulia, lo que pone a sus habitantes en una situación de “vulnerabilidad y sometidos a dinámicas de convivencia impuestas” por estas agrupaciones delictivas.
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