Las víctimas de violaciones de derechos humanos son las más afectadas tras el anuncio del canciller Yván Gil sobre la expulsión de Venezuela de los integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
La expulsión de estas personas también incluye la suspensión de sus actividades en Venezuela y la revisión del memorando de entendimiento firmado con esta instancia. Esta decisión para las distintas organizaciones no gubernamentales afecta, en su mayor parte, a la sociedad civil, y más a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Según la Cancillería de Venezuela, la Oacnudh presuntamente se desvió de su mandato inicial y que se convirtió en un “bufete particular de grupos golpistas” y la acusa de falsificar hechos sobre el país.
No obstante, el Gobierno venezolano indica que una de las obligaciones de esta instancia de la ONU es hacerle frente a los efectos de las sanciones y denunciar las presuntas conspiraciones contra las autoridades de Venezuela.
La Oacnudh representa la promoción y protección a los derechos humanos
Sin embargo, el mandato del Alto Comisionado Volker Türk y la Oficina que encabeza no es tal. Como lo expresan en su página, el Oacnudh representa “el compromiso del mundo para la promoción y protección del conjunto total de derechos humanos y libertades establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos”, explica el portal TalCual.
Acerca de la ayuda que ofrecen a los gobiernos, se refiere a evitar abusos y mitigar las situaciones que puedan derivar en un conflicto, así como también asesoría jurídica que, en el caso de Venezuela, se tradujo en talleres y cursos a las instituciones del país y los diferentes cuerpos de seguridad del Estado.
Por su parte, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, explicó que la labor de la Oacnudh es “defender a los ciudadanos comunes y corrientes por infracciones del Estado y esto es lo que han estado haciendo, con bajo perfil”.
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