Las celebraciones del chavismo por la flexibilización de las sanciones de Estados Unidos contra la industria petrolera venezolana duraron poco, pues apenas tres meses después de su implementación, Washington parece estar decidido a retirar las licencias que permiten a empresas internacionales hacer negocios con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
De acuerdo con una declaración del Departamento de Estado, Estados Unidos no renovará la Licencia General Nº 44 otorgada el pasado 18 de octubre, que vence el 18 de abril de 2024, debido a «la falta de avances» en los compromisos adquiridos por el chavismo y la oposición en el Acuerdo de Barbados. Concretamente, hacen alusión a «lo relativo a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones», pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió mantener la inhabilitación de la candidata unitaria, María Corina Machado.
Esto quiere decir que la libertad que tiene Pdvsa para negociar con empresas internacionales acabaría en abril de no haber cambios con respecto a la posibilidad de que Machado participe en las elecciones, y que se respeten los otros compromisos estipulados en Barbados. Además, sin esperar este plazo, Washington derogó la Licencia General Nº 43, que permitía operaciones con la estatal Minerven para operar en campos mineros.
Estas nuevas limitantes cambian, una vez más, el panorama para la economía de Venezuela. El sector empresarial, las empresas consultoras, los inversionistas extranjeros y la comunidad internacional esperaban un crecimiento para Venezuela, apalancado en una actividad petrolera con mayor libertad, que se traduce en mayor renta petrolera para el Estado y, por lo tanto, un mejor flujo de caja para incrementar el gasto público en un año electoral. Muchos analistas coincidían en que estos elementos permitirían un impulso para la economía del país en 2024.
Bajo la premisa de que la flexibilización se mantendría durante todo 2024, Ecoanalítica proyectaba un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en torno a 9,7%, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) hasta 5,1%, Oikos Research un máximo de 6,8%, por mencionar algunas estimaciones de cara a este año.
Sin embargo, la amenaza de Estados Unidos pone en tela de juicio estas estimaciones y somete a los analistas a tener expectativas mucho más conservadoras, incluso pesimistas, sobre el crecimiento económico en 2024.
Si bien es cierto que las condiciones de la economía podrían cambiar para peor, paradójicamente la flexibilización de sanciones durante los últimos tres meses no ha generado un cambio demasiado pronunciado en las condiciones de la industria petrolera venezolana. Entonces ¿Realmente qué cambiará?
Efecto de la flexibilización de sanciones
Las licencias de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ampliaron el margen de acción de la industria petrolera venezolana al reinsertar a Venezuela al mercado internacional.
En los últimos años, el problema fundamental de las sanciones es que Pdvsa no tenía acceso a mercados para exportar su crudo. Perdiendo a Estados Unidos y a Europa como compradores, Venezuela tuvo que acudir al mercado asiático y vender su petróleo con fuertes descuentos y tácticas para esconder las transacciones, en aras de no ser detectadas por Washington.
En consecuencia, el crudo venezolano se llegó a comercializar con descuentos de hasta 50%. A esto se sumó la brutal contracción de la producción por las deficiencias y desinversión de la industria nacional. Con mínimos históricos de productividad y vendiendo crudo a mitad de precio, los ingresos del Estado por renta petrolera se redujeron como nunca antes.
Las licencias de octubre permitieron una ligera mejora en este sentido y Venezuela dejó de vender con descuentos sustanciales, además de reconectar con algunos socios más naturales. El economista Francisco Monaldi, especialista en economía energética, explicó que el principal impacto del alivio de las sanciones fue permitir la reinserción de Venezuela en el mercado formal.
«Lo que tuvo impacto importante fue la capacidad de Pdvsa de vender fuera del mercado negro, en los mercados formales. Eso permitió que empresas como Reliance Industries, de India, y la China National Petroleum Corporation (CNPC) empezaran a comprar crudo sin tener que acudir al mercado negro. Eso ha reducido significativamente los descuentos y ha mejorado el flujo de caja de Pdvsa», analizó en conversación con TalCual.
El experto acota que los descuentos más importantes que llegó a negociar Venezuela se fijaron en 50% del valor del barril de Brent, referente para el marcador de precios en el mercado internacional. Con la flexibilización, la diferencia con el precio del Brent se redujo a 20%. Esto se traduce en más dinero para el Estado.
Según estimaciones de Ecoanalítica, a raíz de esta mejora en los descuentos, se puede calcular un incremento de ingresos de $3.800 millones durante la vigencia de la licencia, entre octubre de 2023 y abril de 2024.
En el caso de que las licencias no sean renovadas en abril, Ecoanalítica calcula que el Estado podría dejar de ingresar entre $5.000 millones y $6.000 millones como consecuencia de volver a vender petróleo en el mercado negro.
Más allá de esa libertad para negociar el petróleo más abiertamente, las licencias no han tenido mayores implicaciones en las dinámicas de la industria nacional. En teoría, estas condiciones permitirían captar inversiones extranjeras, pero no parece haber interés más allá de las transnacionales que ya poseen activos en el país, como la estadounidense Chevron, la española Repsol, la italiana Eni o la francesa Maurel & Prom, cuyas condiciones no cambiarían demasiado.
Estas empresas internacionales insistieron durante años a la OFAC para la emisión de licencias particulares que les permitieran continuar sus operaciones en Venezuela. En el transcurso de los años, se les han otorgado permisos para ampliar cada vez más sus actividades en campos venezolanos, a pesar de las sanciones. En 2022, todas recibieron la autorización para exportar crudo a sus respectivos países de origen, siempre y cuando esas operaciones no generasen dividendos para el Estado.
En este sentido, Monaldi desestima que Estados Unidos retire las licencias particulares para estas empresas, que son las que tienen mayor posibilidad de invertir en Venezuela e incrementar la producción de crudo de la industria nacional. En su lugar, espera que Washington solo revierta la Licencia General N° 44 otorgada en octubre, tal y como dijo el Departamento de Estado.
«¿Van a revocar las comfort letter (a Eni, Repsol y Maurel & Prom) y la licencia particular a Chevron? Lo veo improbable, pero si eso ocurriera, se secaría la inversión en las empresas mixtas y tendríamos una caída de producción eventualmente hacia finales de año. No es mi escenario base que suspendan estas licencias», destacó.
Producción petrolera tiene techo
Bajo esta premisa, el economista petrolero, Rafael Quiroz, matiza que las licencias no son determinantes para atraer inversión extranjera, ya que impiden la planificación a largo plazo y mantienen el escenario de incertidumbre que caracteriza a la economía venezolana.
«Varios dijimos que eso no sería determinante y que, al final del día, las empresas petroleras no iban a sentir mayor atracción porque era una flexibilización sometida a una evaluación permanente y a una renovación cada seis meses, que además no dependía de ellos, sino del comportamiento del Gobierno», opinó en una entrevista para Unión Radio.
Oliveros recordó que la mayor parte de la industria se maneja a través de los «caminos verdes», es decir, los mercados informales, por lo que el alivio de las sanciones a la estatal minera apenas afecta algunas operaciones. Ecoanalítica calcula que la pérdida sin esta licencia puede ser de unos $500 millones.
«Esta licencia de Minerven tiene un alcance muy limitado. No había muchos cambios, la mayoría del oro se comercializa por caminos verdes, pero no tanto por las sanciones sino por los acuerdos que existen con los grupos que operan en el Arco Minero y que están explotando el oro. Es un impacto bastante limitado, en torno a unos $500 millones», indicó.
El negocio del oro en Venezuela es uno de los menos transparentes en toda la economía nacional. Transparencia Venezuela ha denunciado en distintos trabajos cómo se ejecuta un ecocidio en el Arco Minero del Orinoco para generar unos ingresos que no pasan por ningún tipo de control o auditoría.
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