El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, presentado hoy por Transparencia Internacional, muestra que la mayoría de los países evaluados lograron mínimos o nulos avances en el combate de la corrupción en el sector público.
Por 12 años consecutivos, el promedio global del IPC se mantiene sin variación, en 43 puntos, y más de dos tercios de las naciones obtienen una puntuación inferior a 50 sobre 100. Es decir, existen grandes problemas de corrupción. Además, el reporte establece una relación entre la corrupción y la falta de justicia.
Según el informe, la carencia de independencia del Poder Judicial debilita el estado de derecho y promueve la impunidad de los poderosos y los criminales en perjuicio de las personas y del bien común.
En el hemisferio, Venezuela no solo sigue siendo percibida como la nación más corrupta, sino que, en la medición de este año, su calificación ha caído un punto más, pasando de 14 a 13, en medio de un descenso continuado desde 2017, con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de independencia del Poder Judicial. La puntuación, a nivel global, iguala al país a Siria (13) y a Sudán del Sur (13), que mantienen su registro anterior, en la segunda peor puntuación del índice, solo superados por Somalia (12), que posee la calificación más baja entre los 180 países evaluados.
En la medición, basada en una escala de 0 a 100, donde 0 es el peor desempeño o la más alta percepción de corrupción, las Américas continúan estancadas con un puntaje promedio de 43 por quinto año consecutivo, con lo que la corrupción sigue siendo un problema predominante en la región.
Por otra parte, el mundo está experimentando un declive en el funcionamiento de los sistemas de justicia. Los países con las puntuaciones más bajas en el IPC también están obteniendo una puntuación muy baja en el Índice de Estado de Derecho, lo que pone de relieve que existe una conexión clara entre el acceso a la justicia y la corrupción. Tanto los regímenes autoritarios como los líderes democráticos que menoscaban la justicia contribuyen a profundizar la impunidad de la corrupción y, en algunos casos, incluso la fomentan al eliminar las consecuencias para los infractores.
El impacto que tienen sus acciones resulta evidente en países de todas las regiones, desde Venezuela (13) hasta Tayikistán (20). François Valérian, Presidente de Transparencia Internacional, ha señalado al respecto que “la corrupción seguirá ganando terreno hasta que los sistemas de justicia puedan castigar los actos indebidos e imponer controles a los gobiernos. Cuando la justicia es algo que se puede comprar o interferir políticamente, quienes sufren son las personas. Los líderes deben comprometerse de manera plena con fortalecer y garantizar la independencia de las instituciones que aplican la ley y enfrentan la corrupción. Es momento de terminar con la impunidad de la corrupción”.
DATOS DESTACADOS
La región con mayor puntuación en el índice continúa siendo Europa Occidental, aunque descendió un punto en su promedio regional, con una media de 65, seguida de nuevo por Asia y el Pacífico con 45 y América con 43. Mientras, las regiones con puntuación más baja son Medio Oriente y Norte de África (38), Europa oriental y Asia central (35), y África subsahariana, que este año elevó su promedio un punto (33).
Los países con los mejores desempeños o percibidos como menos corruptos son Dinamarca (90), Finlandia (87), Nueva Zelanda, que descendió dos puntos, (85), Noruega (84) y Singapur (83). Mientras, los peores registros son los de Somalia (12), Sudán del Sur (13), Siria (13), Venezuela (13) y Yemen (16), países afectados por crisis prolongadas.
La situación en las Américas este año no ha cambiado mucho:
Canadá (74), Uruguay (74) y Estados Unidos (69) se ubican a la cabeza de la región, con Barbados (69) que iguala la calificación de este último, percibidos como los menos corruptos.
Nicaragua, que cae dos puntos (17), Haití, que se mantiene (17) y Venezuela (13) están en las posiciones más bajas.
CORRUPCIÓN, FALTA DE JUSTICIA E IMPUNIDAD
En América Latina y el Caribe, la falta de independencia y transparencia del Poder Judicial facilita la corrupción y la influencia indebida por parte de élites políticas y económicas. Por esta razón, muchos sistemas judiciales de la región no son capaces de aplicar la ley de manera eficaz e imparcial o de ejercer su función de contrapeso sobre otros poderes del Estado, lo cual es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia, señala la organización.
En Venezuela (13), el pago de sobornos y la cooptación de jueces y fiscales en todos los niveles del sistema de justicia se ha convertido en uno de los principales mecanismos utilizados por las redes delictivas para asegurar la continuidad de sus actividades ilícitas, así como su impunidad, indica la organización. Algunos jueces y fiscales venezolanos, además de formar parte de estas redes, también están siendo investigados por la Corte Penal Internacional por su intervención, actuación u omisión en abusos, torturas y otros crímenes de lesa humanidad.
Transparencia Internacional apunta este año a la importancia de contar con órganos judiciales e instituciones encargadas de la aplicación de la ley independientes, transparentes y dotadas de recursos suficientes para contener la corrupción. A su vez, señala que resulta clave evitar que el abuso del poder político, el soborno y otras formas de corrupción influyan en los sistemas de justicia para asegurar que estos sean eficaces.
La organización hace un llamado a los gobiernos para que otorguen a los sistemas de justicia la independencia, los recursos y la transparencia necesarios para castigar eficazmente todos los delitos de corrupción y poner controles institucionales al poder. Cuando resulte necesario, los gobiernos también deben adoptar leyes y procedimientos más eficientes para que las instituciones de justicia puedan protegerse frente a actos corruptos y contrarrestarlos.
Al respecto, Daniel Eriksson, director ejecutivo de Transparencia Internacional, manifestó que “la corrupción agrava la injusticia social y afecta en forma desproporcionada a los más vulnerables. En muchos países, persisten obstáculos para que las víctimas de corrupción puedan obtener justicia. Ha llegado el momento de eliminar las barreras y asegurar que las personas puedan tener acceso efectivo a la justicia. Todas las personas merecen que haya sistemas legales justos e inclusivos donde las voces de las víctimas se escuchen en cada instancia. Cualquier otra posibilidad es una afrenta a la justicia”.
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