El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —controlado por Nicolás Maduro— revisará las inhabilitaciones políticas de dirigentes opositores tras un acuerdo alcanzado entre el chavismo y la oposición, según lo anunciaron algunos medios.
La medida permitirá a María Corina Machado, quien ganó la primaria opositora del pasado 22 de octubre, recurrir la inhabilitación impuesta en su contra por 15 años.
El chavismo y la oposición acordaron «un procedimiento» a través del TSJ para que los inhabilitados soliciten la revisión de la medida que les impide ejercer cargos públicos.
En concreto, los inhabilitados deberán introducir un «recurso contencioso-administrativo» y una solicitud de «amparo cautelar» durante los próximos 15 días, contados de forma continúa desde el 1 de diciembre.
El TSJ deberá pronunciarse sobre la admisión de la demanda en un plazo no establecido, pero «conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución».
El anuncio llegó en las últimas horas del plazo que Estados Unidos había otorgado al gobierno madurista para que definiera un mecanismo que ayudara a levantar las inhabilitaciones contra opositores.
«No he visto ningún progreso todavía, pero quedan ocho horas en el día, así que veremos qué han decidido hacer los venezolanos», afirmó más temprano el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby.
Estados Unidos había advertido que de no cumplirse con esta exigencia podría reimponer las sanciones económicas que flexibilizó a cambio de los acuerdos que el chavismo y la oposición de Venezuela alcanzaron en octubre pasado para condiciones electorales en las presidenciales de 2024.
Las partes acordaron en un documento suscrito celebrar las presidenciales en el segundo semestre del próximo año con observación internacional, pero tanto la oposición como Estados Unidos habían adelantado que estaba sobre la mesa encontrar un mecanismo para retirar las inhabilitaciones.
ACATAR EL MARCO CONSTITUCIONAL
Hasta el miércoles, el propio jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, había asomado que podría producirse «un mecanismo» para lograr habilitaciones políticas, pero horas después Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lo descartó.
Sin embargo, en este último acuerdo alcanzado se pide a los inhabilitados que recurran la medida «respetar la Constitución», «honrar y defender la patria», «acatar el marco constitucional» del TSJ y «rechazar cualquier forma de violencia» y acciones que atenten contra la soberanía.
En concreto, estos son los cuatro puntos del proceso para levantar las inhabilitaciones políticas en Venezuela:
Proceso individual y hasta el 15 de diciembre
Cada uno de los interesados acudirá personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para ejercer el recurso contencioso-administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar, en el lapso establecido desde el 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2023, en días continuos y sucesivos.
Celeridad del TSJ
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución.
No “ofender” a las instituciones
En la demanda presentada, y en declaraciones públicas, los interesados se abstendrán de incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Respetar decisión del TSJ
Cada uno de los interesados asume el compromiso de
a) Respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.
b) Cumplir con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación, recogido en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
c) Acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso.
d) Rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela.
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