Aunque es “difícil prever” cuál será la decisión que este viernes emitirá la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la solicitud de Guyana de medidas provisionales contra el referendo consultivo en defensa del Esequibo que promueve el gobierno venezolano, expertos estiman que lo más probable es que llame a la “prudencia” y a la paz.
“Seguramente va a decirle a las partes que cuiden sus posiciones, que no agraven la situación, que procedan respetando el derecho internacional (…) incluso pudiera adoptar medidas distintas a las solicitadas por Guyana”, considera Víctor Rodríguez, ex presidente de la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El abogado y diplomático venezolano, que coincide con otros especialistas en el tema, no descarta que la CIJ llame a que se “evite” adoptar medidas que afecten el proceso y los derechos de las partes.
Venezuela celebrará este domingo un polémico referendo consultivo no vinculante en el que preguntará a los ciudadanos si reconocen la jurisdicción de la CIJ para resolver la controversia territorial (pregunta 3) y si aprueba anexar la Guyana Esequiba, territorio en disputa de unos 160.000 kilómetros cuadrados, como un estado e incorporarlo al mapa de territorio venezolano (pregunta 5).
A finales de octubre Guyana presentó una solicitud de medidas provisionales por considerar que Venezuela no debe celebrar el referendo hasta que la CIJ se pronuncie sobre los temas de fondo para determinar si el Laudo Arbitral de 1899 es válido y en días recientes fueron celebradas audiencias para escuchar a las partes.
El Estado venezolano solicitó rechazar la solicitud y advirtió que “nada evitará la realización del referendo previsto para el 3 de diciembre”. Guyana argumentó que el referendo busca obtener respaldo popular para rechazar la jurisdicción de la CIJ en la disputa territorial y, tras la consulta, anexar el territorio en disputa por la fuerza.
Rodríguez sostiene que es posible que la CIJ tome en cuenta que el referendo no es vinculante.
“Creo que va a considerar el principio del dominio reservado, es decir, el Estado puede organizarse a su manera siempre y cuando no viole las normas de derecho internacional. Eso tendría que responder la Corte, ¿puede Venezuela organizar un referendo consultivo? sí, ¿hasta dónde lo puede organizar?, para las autoridades venezolanas pareciera que no hubiera límite”, expuso en un conversatorio de la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
“Seguramente -la CIJ- toma una posición muy neutra, pero decidida, en el sentido de que nada de lo que hagan las partes puede afectar el proceso”, advierte.
Rodríguez insiste en que aún es una interrogante si la CIJ pedirá a Venezuela que suspenda el referendo o algunas de las preguntas y afirma que la decisión se traduce en una “ordenanza”, pero de carácter vinculante.
“Hay una responsabilidad internacional por el incumplimiento de una obligación en este sentido, lo que agrava la imagen y las posibilidades de Venezuela en el plano internacional”, asegura.
En el escenario de que la decisión de la CIJ sea autorizar el referendo, la interrogante es si Venezuela podrá cumplir, por ejemplo, anexando el territorio y cedular a sus habitantes.
Consideraciones sobre las preguntas más polémicas
Sobre la pregunta 3 Rodríguez considera que “no tiene sentido” porque “ya Venezuela aceptó la jurisdicción” de la CIJ que, en principio, rechazó.
“Presentó un documento informal, en las audiencias públicas no participó y más adelante presentó una causal de inadmisibilidad porque exigía la presencia del Reino Unido en el procedimiento. Ya allí está actuando en el procedimiento, en esa parte del proceso Venezuela aceptó la competencia de la Corte, pero la causa no era admisible, ya había un reconocimiento, no hubo necesidad de una declaración formal, simplemente por un acto implícito Venezuela aceptó la jurisdicción”, afirma.
Rodríguez concuerda con otros expertos en que la mejor opción de Venezuela es presentar, en abril del 2024, la contramemoria ante la CIJ y, al respecto, insiste en que aunque el Estado no comparezca, el proceso no se suspende.
“Es demostrable que el Laudo Arbitral es nulo”, afirma.
El abogado evalúa la pregunta 5 como “delicada” porque si la población vota sí, “en opinión de muchos”, se estaría anexando el territorio Esequibo sin que se haya decidido sobre el fondo del asunto.
“Dicen que no, pero la sola intención, el uso o la amenaza de la fuerza para anexar un territorio es igual, no quiero con esto defender la posición de Guyana, pero levantar la inquietud de cuál es el alcance de esa pregunta”, expone al manifestar preocupación ante las implicaciones de un hipotético conflicto armado.
Venezuela no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la controversia y sostiene que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el “único instrumento válido” para resolverlo, luego de que Venezuela consideró nulo e írrito el Laudo Arbitral de París de 1899 que cedió el territorio a Gran Bretaña que, en ese entonces, mantenía a Guyana como colonia.
En 2018, Guyana acudió unilateralmente CIJ, principal órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para pedir resolver el diferendo.
La CIJ se declaró “competente” para examinar la disputa fronteriza que desde hace más de 100 años mantienen Venezuela y Guyana sobre el territorio Esequibo, lo que ha sido objetado por Venezuela.
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