Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen de Nicolás Maduro, denunció este martes 21 de noviembre que uno de los jueces, quien forma parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), podría tener «sesgo» contra Venezuela.
La funcionaria argumentó, que en el pasado, el país de origen de unos de estos jueces reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
La chavista detalló que se trata del juez Bogdan Lurlan Aurescu, procedente de Rumanía y que el 9 de noviembre fue electo, entre otros miembros, para ser parte de la CIJ.
«Lo curioso es que este juez siendo canciller rumano se dirige a Julio Borges reconociéndolo como canciller de Venezuela, realmente una situación muy grave. Ya su país había reconocido a Juan Guaidó como supuesto presidente de Venezuela», dijo Rodríguez en un video difundido a través de su canal de la aplicación de mensajería WhatsApp.
En tanto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —ente controlado por el régimen de Nicolás Maduro— declaró procedente el jueves 16 de noviembre la solicitud de protección del referendo del 3 de diciembre, con el que el país busca anexionarse el territorio en disputa con Guyana, ante cualquier acto o decisión extranjera, mientras se espera una resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al respecto.
De acuerdo a lo reseñado por la agencia de noticias EFE, la Sala Constitucional del Supremo publicó su decisión, un día después de que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, acudiese al TSJ a pedir esta protección, en defensa de los derechos políticos de los venezolanos.
En concreto, la Justicia dictó que «Cualquier decisión o actos materiales de personas naturales o jurídicas (nacionales o extranjeras), organismos internacionales o Estados nacionales, que desconozcan, impidan o pretendan obstaculizar» la consulta «no tendrá ninguna validez ni eficacia jurídica».
Por ello, el TSJ emplazó a las instituciones venezolanas no reconocer estos actos, y, en cambio, ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a continuar con este proceso que no tiene carácter vinculante y que no encierra en sí mismo un cambio inmediato en el territorio disputado de casi 160.000 kilómetros cuadrados.
Además, el Supremo obliga a Nicolás Maduro a «continuar con la protección de los derechos e intereses de la República en torno a esta causa histórica nacional en la defensa de su derecho soberano sobre la Guayana Esequiba», un área sobre la que Venezuela no ejerce control desde 1899.
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