¿Por qué en 10 años han asesinado a más de 40 activistas en Venezuela?
Activistas por el ambiente pagan con su vida las consecuencias de que el gobierno de Maduro aún no adopte el Acuerdo de Escazú, el primer instrumento jurídico en el mundo con disposiciones específicas de protección a ambientalistas.
Su aplicación permitiría lograr la justicia medioambiental y garantizaría (o al menos trataría) los derechos de los defensores. Sin embargo, hasta ahora el país es el único de los que conforma la región amazónica que, como Estado, no ha adquirido la obligación legal con los postulados expuestos en ese tratado regional.
En Venezuela defender el ambiente se paga con la vida. Este año Global Witness, una oenegé británica ecologista, posicionó al país como el sexto del mundo y el quinto de América Latina con los números más altos de asesinatos contra líderes ambientales, por los cuatro registrados durante 2022. Y aunque al compararlos con los homicidios de los vecinos Colombia y Brasil, que sumaron ese año 60 y 34, respectivamente, la cifra venezolana es muchísimo menor, siguen siendo vidas perdidas y delitos impunes.
Esos cuatro asesinatos representan el 10% de los 40 que documentó el Observatorio de la Defensa de la Vida (Odevida) en la última década, entre 2012 y 2022, cuando se registraron en promedio cuatro cada año. 25 de ellos fueron a manos de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), narcotraficantes o bandas criminales. Otros 15 se atribuyen a fuerzas militares venezolanas, según dijo en entrevista con TalCual Raúl Cubas, coordinador de esa asociación.
Las estadísticas presentadas pueden quedarse cortas. Su organización lleva un conteo de asesinatos de personas identificadas como defensores del ambiente y de territorios. Sin embargo, muchas, aunque realizan la misma labor, prefieren tener un bajo perfil y no reconocerse como tal para protegerse a sí mismas y a sus familias. Además, Cubas dice que hay otros casos, a los que él denomina «borderline», de individuos asesinados que indirectamente fungen como ambientalistas o a quienes matan simplemente por vivir en territorios ocupados.
El Centro para la Reflexión y Acción Social (Cerna) registró entre 2016 y 2020 al menos 30 masacres perpetradas en el estado Bolívar, varias de ellas fueron en zonas mineras y dejaron 217 indígenas asesinados. De hecho, desde 2008, ha habido un «incremento vertiginoso» de muertes violentas en municipios mineros del estado Bolívar, entre ellos Callao, Sifontes y Piar.
«Ocurren masacres donde los muertos son indígenas que viven en territorios donde se ejerce la minería y hay control de algún grupo externo armado irregular. Y ahí está también la disparidad de documentación y de enfoque (entre Odevida y el Cerna). Las dos situaciones son muy graves, sean específicamente defensores orgánicos del ambiente o de los pueblos indígenas, o si son indígenas que son asesinados por estar en territorio ocupado por los deseos de la minería», señaló Cuba.
La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, señaló que «los defensores de derechos humanos ambientales están definidos por lo que hacen, pueden incluir periodistas, activistas o abogados que denuncian y se oponen a la destrucción del medio ambiente o la usurpación territorial». También entran en esa denominación «personas que viven en zonas remotas, que pueden incluso no ser conscientes de estar actuando como defensores de los derechos humanos ambientales».
El temor en toda esta población activista ha aumentado aún más tras la muerte violenta de Virgilio Trujillo, quien fue coordinador de los Guardianes Territoriales Uwottüja, del municipio Autana de Puerto Ayacucho, en Amazonas.
En junio del año pasado, Trujillo recibió tres impactos de bala. Días antes había recibido amenazas de muerte, después de que la Fuerza Armada Nacional (FAN) destruyera pistas clandestinas y campamentos en la entidad amazónica, algo que él había denunciado por años, al igual que la ocupación de tierras por parte de grupos armados y la minería ilegal. Su caso sigue impune y se desconoce si hubo algún avance, pues a pesar de que el mismo Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), anunció que daría una rueda de prensa para dar resultados de la investigación iniciada por su equipo en agosto de 2022, realmente nunca se dio.
La oenegé Provea reseñó que en septiembre «trascendió que el Ministerio Público había adelantado acusaciones contra los presuntos responsables del hecho». Pero se quedó en información no oficial, pues las autoridades no se han pronunciado más al respecto, aunque ya ha pasado casi año y medio desde que ocurrió.
La confianza en las instituciones para resolver temas judiciales relacionados a la defensa del medioambiente no existe y, en ocasiones, el propio gobierno de Nicolás Maduro causa la inseguridad que sienten los pueblos y comunidades indígenas al ejercer acciones para defender sus tierras. Así lo aseguró la organización Clima 21 en el boletín «Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en Venezuela» —publicado en mayo—, donde también reflejó los resultados de una encuesta hecha a organizaciones ecologistas venezolanas en los que se ahondará más adelante.
Mientras, el Observatorio Venezolano de Ecología Política también respaldó lo que esas otras oenegés dijeron:
«La figura de Guardianes Territoriales ha constituido la única forma de defensa de los pueblos indígenas ante la constante invasión de sus territorios por parte de actores vinculados con la explotación minera. Bandas armadas -nacionales y extranjeras-, mineros y todo un entramado de actores de las mafias del oro son una verdadera amenaza para la vida de los pueblos originarios, quienes son asediados, hostigados, esclavizados y violentados de muchas formas sin que el Estado garantice los derechos elementales de las comunidades indígenas.
Esta situación ha sido denunciada reiteradamente por distintas organizaciones y por los propios pueblos indígenas ante la mirada indolente del Estado y su opacidad comunicacional», se lee en un comunicado compartido posterior al asesinato de Trujillo.
Foto cortesía del Observatorio Venezolano de Ecología Política
En la encuesta realizada por Clima 21, 16% de los activistas climáticos del país señaló que la organización para la que trabaja recurrió a mecanismos judiciales para la solución de un conflicto ambiental. De ese porcentaje que lo hizo, únicamente en 14% de los casos se produjo una decisión judicial. Otro 40% no acude a la justicia venezolana porque cree que «esos procesos son improductivos o riesgosos para las organizaciones».
«66% de las organizaciones, en la práctica, no tiene acceso a la justicia, en tanto no tienen los medios o conocimientos para acceder a procedimientos judiciales o no confía en el sistema de justicia venezolano para la resolución de conflictos ambientales», se reseñó en la encuesta.
Organizaciones como Odevida, Provea y otras aliadas por la protección de la cuenca amazónica, incluyendo de Colombia y Ecuador, han pedido al Estado venezolano que garantice una pronta y eficaz investigación y reparación, sancionando a los responsables no solo del asesinato de Virgilio Trujillo, sino de todos los hechos violentos contra defensores ambientales, los cuales ocurren mayormente en zonas mineras.
Desde la plataforma regional Odevida, capítulo Venezuela, 50 defensores firmaron una carta pública dirigida al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, en la que pidieron conformar una mesa de diálogo para discutir soluciones al respecto. La misma estaría integrada por el Ejecutivo nacional, miembros del ministerio de los Pueblos Indígenas, de Ambiente, y líderes de las comunidades afectadas por la minería y por la ocupación ilegal de territorios.
La acción se hizo en mayo de este año. Para noviembre, seis meses después, «esta propuesta fundamental no ha tenido respuesta, ni del Defensor del Pueblo ni tampoco de los involucrados que nosotros estamos proponiendo que formen parte de ella», comentó Cubas.
Protectores del ambiente desprotegidos
En 2022, 177 personas fueron asesinadas en el mundo por su labor ambientalista, según el informe «Siempre en pie, personas defensoras de la tierra y el medioambiente al frente de la crisis climática», de Global Witness. América Latina acumuló el 88% de esos homicidios.
Pero si se considera la data que va de 2012 a 2022, que da cuenta de 1.335 defensores ambientales que perdieron la vida en la región en ese período, la dimensión del problema, que se convierte en algo más grande, se ve más claramente, pues las cifras justamente han ido en aumento año tras año, excepto en Venezuela.
Raúl Cuba afirmó que desde 2020 este tipo de crímenes en el país ha disminuido. No porque exista una política de Gobierno para proteger a los defensores, sino por la Misión de Determinación y Verificación de Hechos sobre Venezuela, comisionada por las Naciones Unidas para investigar posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en la nación.
«Según la observación que viene haciendo Odevida, en los últimos dos años han bajado los asesinatos de defensores ambientales y creo que tiene que ver con la visibilización que se le ha dado a este tema, sobre todo en los informes de la ONU; en el de 2022 y también en un informe preliminar del año 2021, cuando por primera vez denunciaron todo lo que pasaba en ese momento en el Arco Minero del Orinoco, que era donde había mayor información. Eso creo que para nosotros fue una de las causas por las cuales disminuyeron los asesinatos», explicó.
En su publicación de 2022, la Misión señaló, en los acápites 86 y 87, dos puntos importantes: 1.en Bolívar «los grupos armados criminales también han participado en violentas batallas territoriales con grupos rivales que han provocado muertes y lesiones de civiles desarmados»; 2. «la Misión también recibió información de fuentes con conocimiento interno y de testigos presenciales que señalan la connivencia de algunas autoridades estatales con los grupos criminales que operan en ciertas zonas mineras. Las autoridades estatales a menudo no investigan ni sancionan los delitos cometidos por estos grupos».
Y aunque cada vez son más los problemas medioambientales y cada vez menos las voces que los denuncian, el Estado venezolano se mantiene como un actor pasivo y permisivo. Su inacción es, en parte, la que permite la profundización de la violencia contra estos activistas: desde 2014, 17 ambientalistas han sido asesinados en la Amazonía venezolana. Esa cifra nacional engrosa las 296 muertes registradas desde ese mismo año en la región amazónica, conformada por Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú y Surinam.
La región amazónica forma parte de los lugares «más peligrosos para las personas defensoras del ambiente», afirmó Global Witness. La organización resaltó que los defensores de la Amazonía no solo son sistemáticamente intimidados, criminalizados, atacados y asesinados, sino también que la mayoría de los asesinatos que ocurren están relacionados con la minería.
“Como guardianes de la selva, los defensores de la tierra y el ambiente están en la primera línea de la devastadora explotación de la Amazonía. Se enfrentan a empresas que actúan con impunidad, a las despiadadas fuerzas de seguridad del Estado y a asesinos a sueldo”, se lee en el informe de la oenegé británica ecologista.
¿Una medida urgente para protegerlos a todos? Sí la hay pero el Gobierno venezolano aún no la ha adoptado. Se trata del Acuerdo Escazú que entró en vigencia en abril de 2021.
En 2018, 24 países de las Américas firmaron en Costa Rica el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo Escazú.
Venezuela no se suscribió ni lo ratificó, aun a sabiendas de que es un instrumento jurídico único y el primero en el mundo con disposiciones específicas de protección a ambientalistas. Eso permite, entre otras cosas, lograr la justicia medioambiental, la cual, a su vez, implica el reconocimiento, promoción y protección de los derechos de los activistas ambientales. De hacerlo, el Estado adquiriría una obligación legal con los postulados allí expuestos.
Hay que decir que Venezuela es el único país de los que constituyen la región amazónica que no lo ha firmado. Está retratado con las otras naciones que no suscribieron el tratado regional, como Honduras, Cuba, El Salvador, entre otros.
En el acuerdo, específicamente en su artículo 9, se establece que existe una «garantía de las partes de propiciar un entorno seguro a personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, para que estos puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad».
También en su artículo ocho dicta medidas para el acceso a la justicia, las cuales pasan por la realización de mecanismos de ejecución, cumplimiento y reparación de afectados por crímenes ambientales.
Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, dijo que «aunque quienes gobiernan no muestren voluntad de suscribir el Acuerdo de Escazú, las organizaciones e individuos preocupados por el derecho al ambiente debemos seguir exigiendo a las autoridades su firma y ratificación».
El problema es que, tal y como dijo anteriormente a TalCualAlejandro Álvarez Iragorry, coordinador de Clima 21, «En Venezuela, en este momento, los grandes negocios referidos al ambiente son multimillonarios y casi nadie sabe eso». Al gobierno de Nicolás Maduro no le convendría firmar ese acuerdo porque involucraría ponerle fin, por ejemplo, al Arco Minero.
