La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) no admitió este martes 7 de noviembre los argumentos del gobierno de Nicolás Maduro en contra de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La Sala de Apelaciones de la CPI convocó hace varios meses a dos audiencias, que se celebrarán este 7 y 8 de noviembre, en las que participan representantes del oficialismo y víctimas venezolanas. Ello, en respuesta al recurso presentado por el régimen de Maduro en contra de la decisión de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de permitir al fiscal Karim Khan a continuar la investigación en el país.
En ese sentido, la Sala de Apelaciones estuvo conformada este miércoles por presidente, magistrado Marc Perrin de Brichambaut; el magistrado Piotr Hofmański; la magistrada Luz del Carmen Ibáñez Carranza; el magistrado Solomy Balungi Bossa; y el magistrado Gocha Lordkipanidze.
En el caso del oficialismo, asistió el abogado británico Ben Emmerson, el canciller Yvan Gil, el secretario del Consejo de Derechos Humanos, Larry Devoe y Karen García de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público.
El letrado Emmerson argumentó ante la Corte Penal Internacional que “el procedimiento previsto en el Estatuto de Roma en cuanto al principio de complementariedad no ha sido respetado”.
Asimismo, indicó que la Sala de Cuestiones Preliminares no concedió a Venezuela información sobre edad, fecha, ubicaciones concretas de los incidentes, ni la cantidad aproximada de las víctimas o el grupo, el colectivo o las personas de esos hechos.
“Es imposible que un Estado dé una notificación efectiva o pedir un aplazamiento, cuando la Fiscalía solo ha dado una lista de crímenes de los que se sospecha. No se han notificado los crímenes que se pretende investigar”, explicó el abogado británico.
No obstante, la representación de la Fiscalía de la CPI aseguró que el organismo no tiene porqué identificar los actos criminales específicos que se buscan investigar.
“Venezuela dice que esta notificación solo debe contener los incidentes que el fiscal pretende investigar. Nosotros, con respeto, estamos en desacuerdo. La notificación debe ofrecer parámetros específicos suficientes que muestren el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía, pero no se requiere por derecho que se identifiquen los actos criminales específicos que la Fiscalía pretende investigar”, señaló.
Además, explicó que la finalidad de la notificación es “ permitir a los Estados decidir si esa solicitud de aplazamiento o suspensión se puede hacer y apoyar esa solicitud con información pertinente. No debe ser una lista descriptiva de todas las actividades”.
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