El proyecto Lupa por la Vida publicó los resultados de su informe sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el primer semestre de 2023. Según el monitoreo, se registraron 355 asesinatos de personas por parte de cuerpos de seguridad en todo el territorio nacional.
90,06% eran hombres y 60,49 % de las víctimas eran personas entre los 18 y 30 años. Para la organización, esto demuestra que las políticas de seguridad «se siguen sustentando en un uso arbitrario y excesivo de fuerza letal orientado al asesinato sistemático de jóvenes en zonas pobres».
Justamente los municipios del país donde se registró la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales fueron Sucre (estado Miranda), donde queda el populoso barrio de Petare; al igual que Valencia (estado Carabobo), Maracaibo y San Francisco, estos últimos ubicados en el estado Zulia.
A pesar de que 63,66% personas asesinadas fueron identificadas, destacó Lupa por la Vida, un porcentaje importante (36,34%) permanece anónimo.
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue el principal cuerpo de seguridad acusado de presuntas ejecuciones extrajudiciales, con 96 casos de asesinatos bajo su actuación (27,04% del total de víctimas). Le siguen el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), con 67 presuntas ejecuciones; la Fuerza Armada Nacional que fue responsable de 63 privaciones y las policías estadales con 62 presuntos casos.
En particular, a la policía estadal carabobeña se le atribuye 54,84 % del total de víctimas de todas las policías estadales del país.
A pesar de que existe una disminución de este tipo de crímenes, en comparación al mismo periodo de 2022 cuando se registraron 485 asesinatos, el proyecto Lupa por la Vida considera que esta baja «no responde a un cambio de políticas en materia de seguridad por parte del Estado, sino que creemos que se refiere a los resultados del informe de la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones unidas y la investigación iniciada por la Corte Penal Internacional».
Lupa por la Vida también resaltó que en un contexto de impunidad, donde este tipo de denuncias no son tomadas en cuentas, se saldan como presuntos enfrentamientos o pasan años dentro del sistema de justicia en espera de una condena, «los funcionarios se sienten alentados a persistir» en este tipo de prácticas.
También se criticó la falta de «esfuerzos serios» por parte de la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo o el poder Judicial para investigar y sancionar a los autores materiales y los más altos responsables de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país.
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