El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anunció el lunes que suspende “todos los efectos” de la primaria presidencial de la oposición que ganó la candidata María Corina Machado y pidió remitir el material electoral utilizado durante todo el proceso celebrado el 22 de octubre.
“Se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias”, precisa una sentencia divulgada el lunes por la Sala Electoral del TSJ.
La sentencia ordena a la Comisión Nacional de Primaria (CNdP), ente rector de la primaria opositora, remitir al órgano judicial en un lapso de tres días los “antecedentes administrativos” de las fases del proceso, incluyendo todas las actas del evento —actas de constitución de mesas electorales, cuadernos de votación, papeletas, actas de escrutinio, etc..
También exige que se entreguen las actas de aceptación de postulación de Machado, Freddy Superlano y Henrique Capriles, los tres candidatos sobre quienes pesan inhabilitaciones administrativas.
La oposición considera las inhabilitaciones “inconstitucionales» y afirman que han sido utilizadas por el gobierno para “sacar de juego” a dirigentes disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.
Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo estar al tanto de los informes del anuncio del TSJ e instó al presidente Nicolás Maduro y sus representantes a cumplir con los compromisos asumidos en Barbados con la Plataforma Unitaria de la oposición, cuando firmaron un acuerdo sobre garantías electorales, días antes de la primaria.
«Las primarias de la oposición democrática del 22 de octubre fueron un hito importante en el progreso de Venezuela hacia una campaña presidencial libre, justa y competitiva en 2024», dijo el portavoz del Departamento de Estado a la VOA, e hizo referencia a una declaración del secretario de Estado de EEUU, Antoni Blinken, este mes donde «articuló claramente los próximos pasos esperados hacia la restauración de la democracia en Venezuela».
«Estados Unidos y la comunidad internacional están siguiendo de cerca la implementación de la hoja de ruta electoral, y el gobierno de EEUU tomará medidas si Maduro y sus representantes no cumplen con sus compromisos bajo la hoja de ruta electoral», aseguró el portavoz.
Tras la firma del acuerdo en Barbados, el gobierno estadounidense anunció la flexibilización temporal de algunas sanciones en la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas si antes de finalizar noviembre no se evidenciaban pasos concretos orientados al levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos.
Según la oposición, la primaria estaba protegida por un punto del acuerdo que establecía el compromiso a reconocer y respetar el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las presidenciales, “de manera libre y conforme a sus mecanismos internos”.
Machado, quien ganó la primaria con más del 92% de los votos y fue proclamada candidata unitaria de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024, no respondió de inmediato a una solicitud de comentario de VOA sobre la decisión del TSJ.
Pedro Urruchurtu, coordinador de relaciones internacionales de la campaña de Machado, afirmó que la sentencia “no tienen ningún tipo de asidero” y no anula la expresión de los ciudadanos.
“Lo más importante es la decisión de la gente y yo creo que lo que hay que hacer es justamente avalar y reconocer lo que pasó el 22 de octubre, el resultado de la gente”, precisó.
Superlano aseguró que las sentencias que emita el TSJ “no van a invalidar” la voluntad de los venezolanos que votaron por Machado. “Tienen miedo a lo que les depara en el 2024. Pero se equivocan: acá estamos unidos y organizados”, escribió en su cuenta en la red social X.
La semana pasada, el diputado de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, José Brito, a quien la oposición considera aliado del chavismo, introdujo ante el TSJ un recurso para revisar supuestas irregularidades en la primaria.
Brito es un parlamentario que a finales del 2019 fue expulsado del partido Primero Justicia tras ser señalado de haber hecho gestiones desde la Comisión de Contraloría de la AN para evitar que continuaran investigaciones contra empresarios señalados de corrupción vinculados al chavismo, entre ellos el empresario colombiano Alex Saab, procesado en Estados Unidos por conspiración para blanquear capitales y a quien el gobierno venezolano considera un diplomático.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro acusó a la oposición de “inflar” los resultados de la elección primaria, en la que, según la CNdP, participaron al menos 2.440.415 personas. Según el gobierno, no participaron más de 700.000 personas.
Miembros de la CNdP, entre ellos su presidente, Jesús María Casal, así como miembros de las juntas regionales, fueron citados a declarar hoy en la fiscalía.
Stalin González, miembro de la delegación opositora en las negociaciones con el gobierno, dijo sobre el impacto de la decisión del TSJ que hay esperar que se instale la comisión de verificación de los acuerdos.
“Hay que tener una opinión en colectivo de cómo afrontar esta decisión del TSJ”, dijo. «No quisiera adelantar opinión sobre el tema, pero estemos claros que esto no va a ser fácil”, insistió.
La semana pasada, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en las negociaciones, anunció que solicitaría una reunión de la comisión de verificación de los acuerdos firmados en Barbados, argumentando que se violó uno de los puntos que establece que las partes procurarán que las condiciones electorales expuestas sean “igualmente aplicables” para todos los procesos electorales que corresponda desarrollar.
Para Mariano de Alba, especialista en derecho internacional y diplomacia y asesor sénior de Crisis Group, la sentencia del TSJ “es un claro incumplimiento del acuerdo firmado en Barbados”, que prevé que el gobierno y la oposición puedan elegir su candidato según el método de preferencia.
Abogados y politólogos coinciden en que la decisión del TSJ evidencia que en Venezuela existe «violación de garantías» y que pone en «tela de juicio» la flexibilización de sanciones.
Según el fiscal general, Tarek William Saab, el proceso fue “un acto bufo” en el que pudieron cometerse los delitos de “usurpación de funciones electorales”, “usurpación de identidad”, “legitimación de capitales y asociación para delinquir”.
Saab aseguró, además, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el órgano con competencia para celebrar elecciones.
En septiembre, la CNdP descartó una propuesta de asistencia técnica del CNE y continuó organizando el proceso de manera autogestionada por considerar extemporánea la respuesta del Poder Electoral. Sin embargo, solicitó su cooperación en cinco aspectos para “apuntalar” el proceso.
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