El presidente de la Comisión Nacional de Primarias (CNP) de Venezuela, Jesús María Casal, así como la vicepresidenta, Mildred Camero, y el miembro suplente Roberto Abdul-Hadi declararán este lunes ante la Fiscalía, para responder por las denuncias de fraude en los comicios opositores que hoy cumplen ocho días de haberse celebrado.
Los miembros principales de la CNP, así como varios jefes de algunas juntas regionales deberán comparecer hoy ante investigadores especializados en legitimación de capitales.
La noche de este domingo, la instancia opositora, que no se había pronunciado en torno a la investigación, emitió un comunicado en el que pidió a la ciudadanía evitar acompañar a sus miembros a la citación y «mantenerse en sus casas o lugares de trabajo» este lunes, mientras ellos «atienden los diversos llamados de las instituciones públicas».
El fiscal general, Tarek William Saab, anunció la apertura de esta investigación el pasado miércoles, en atención de las denuncias hechas por el Parlamento, controlado por el chavismo, y varios dirigentes oficialistas, según las cuales el número de participación en las primarias, de casi 2,5 millones de personas, fue abultado.
Dos días después, Saab publicó en su cuenta en X (antes Twitter) las citaciones en calidad de «investigados» de Casal, Camero y Abdul-Hadi.
Entonces, dejo claro que también serían citados los 24 jefes de las juntas regionales que organizaron estas votaciones de manera autogestionada, en las que la exdiputada María Corina Machado arrasó con el 92,35 % de los votos.
Posteriormente, la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) mostró, en la misma red social, las citaciones de varios miembros de las juntas regionales de la CNP en estados como Mérida, Lara y Anzoátegui.
De acuerdo con la Fiscalía, en el evento del domingo 22 de octubre se incurrió en, al menos, cuatro delitos: usurpación de funciones, usurpación de identidad partiendo de la hipótesis de que se usaron nombres de personas que no votaron, legitimación de capitales por desconocer la procedencia del dinero con el que se realizó la contienda y asociación para delinquir.
Entretanto, quienes participaron en las primarias, ONG locales, activistas y miembros de la sociedad civil han condenado la «criminalización» de estas internas y de sus organizadores.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) también se sumaron a esta postura el viernes y pidieron al Estado venezolano que «no criminalice las iniciativas de participación ciudadana» convocadas por el antichavismo.
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