Los representantes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela (UCV) expresaron su rechazo a la detención arbitraria y tortura a John Álvarez, estudiante de Antropología de esa casa de estudio. Además exigieron al fiscal general impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, que dé respuesta ante las denuncias presentadas en este caso.
Desde la sede de la Federación de Centros de Estudiantes de la UCV, varios dirigentes estudiantiles hicieron pública su preocupación, repudio y consternación ante las torturas que sufrió Álvarez bajo custodia del Estado. Joel García, abogado del estudiante, aseguró que fue diagnosticado con pérdida de la visión del ojo izquierdo, inflamación del riñón izquierdo y una lesión en la pierna derecha luego de una evaluación del servicio forense de la Fiscalía.
Jesús Mendoza, presidente de la FCU-UCV, aseguró que ante la gravedad del caso de John Álvarez es «indispensable» que el fiscal general se pronuncie al respecto e investigue el caso.
«La comunidad universitaria exige al fiscal general que tiene que dar una respuesta ante lo sucedido con un estudiante de la UCV . Es indispensable que el fiscal le de seguimiento a estos funcionarios que arremetieron en contra de John Álvarez. Es importante que se respete el debido proceso y los derechos humanos de un chamo que lo que hace es soñar con una Venezuela distinta», dijo Mendoza a los medios de comunicación.
Además, el presidente de la FCU-UCV aseguró que a la comunidad universitaria le preocupa la salud de John Álvarez, tras revelarse que fue víctima de torturas durante su detención. Por esta razón, exigieron que el estudiante de Antropología reciba atención médica inmediata.
Jesus Mendoza hizo énfasis en que las autoridades deben investigar a los funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), responsables de la detención de Álvarez.
Víctor García, secretario de Asuntos Internacionales de la FCU-UCV, exigió a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y a la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela que se pronuncien y tomen acciones ante la detención arbitraria y torturas contra el estudiante.
Además, solicitó a estos organismos que se reúnan con los estudiantes universitarios del país para que puedan escuchar la situación que viven los jóvenes en las casas de estudio.
«Que se reúnan con nosotros, que nos reciban en su oficina, para poder nosotros denunciar lo que un estudiante como John o cualquiera de nosotros está viviendo hoy bajo un régimen que lo ha torturado», dijo García.
Sebastián Horesok, secretario general de la FCU-UCV, informó que están sosteniendo comunicaciones con las autoridades de la universidad a través del Consejo Universitario para determinar cuáles serán las próximas acciones a seguir ante el caso de John Álvarez.
Por su parte, José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, apoyó las declaraciones de los representantes estudiantiles y aseguró que «la tortura en Venezuela es política de Estado».
Afonso cuestionó la actuación tardía del fiscal general en el caso de John Álvarez y expresó su solidaridad al estudiante y a su familia. «El gobierno ha atentado contra la juventud venezolana. Nuestra materia prima es el conocimiento y los jóvenes. El gobierno atenta tanto contra la juventud que casi siete millones están fuera», dijo.
John Álvarez fue detenido el 30 de agosto por funcionarios de la DAET. La audiencia de presentación se llevó a cabo el 4 de septiembre y se ventiló que existe una orden de detención desde noviembre del año pasado en su contra. Esta orden vinculó al estudiante con el caso de los seis sindicalistas condenados a 16 años de prisión por «planes terroristas» contra la administración de Nicolás Maduro.
La información sobre las torturas que sufrió John Álvarez se divulgaron días antes de que la Misión de Determinación de Hechos su cuarto informe sobre la grave violación de derechos humanos en Venezuela. En el texto se solicitó una investigación exhaustiva a la DAET, pues mantienen el mismo modus operandi que las FAES, organismo señalado por cometer ejecuciones extrajudiciales.
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