El pasado 24 de agosto, Elvis Hidrobo Amoroso fue uno de los escogidos por la Asamblea Nacional electa en 2020 para concretar la renovación total del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras una serie de renuncias voluntarias y otras no tanto. El abogado dejó la Contraloría tras cinco años como su máxima autoridad, el 70% del período para el cargo.
Juan Carlos Apitz, abogado especialista en derecho procesal y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, señala que la renuncia de Amoroso «significa una falta absoluta. Eso como si él hubiese concluido su periodo, por lo que debe nombrarse un nuevo contralor».
Con esto, se activa un proceso constitucional que implica al poder Ciudadano, bajo la figura del Consejo Moral Republicano (CMR) cuya presidencia también ostentaba Amoroso, el parlamento y parte de la sociedad civil venezolana.
Juan Manuel Raffalli, abogado y profesor de la UCAB y de la Monteávila, destaca que la ausencia de una persona natural, en este caso el excontralor, no puede impedir la aplicación del texto constitucional. «Creo que Elvis Amoroso, al separarse del cargo, ha debido nombrar un contralor suplente que por supuesto tendría que ser provisional y fungir como parte del Consejo Moral Republicano».
Recuerda que el CMR está compuesto por los representantes de tres instituciones (Ministerio Público, Contraloría General y Defensoría del Pueblo) por lo que, a pesar de una ausencia, los dos restantes deberían poder activar el comité de postulaciones.
En el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría se establece que el subcontralor –de libre nombramiento y remoción– «llenará las faltas temporales o accidentales del Contralor y las absolutas, mientras la Asamblea Nacional provea la vacante».
Sobre esto, el profesor Raffalli explica que si no ocurre esa declaratoria de vacancia por parte de la Asamblea Nacional, el subcontralor podrá seguir hasta una designación formal. «Eso no significa que el subcontralor pueda llenar la vacante absoluta por el tiempo que resta del período de Elvis Amoroso. Es un mientras tanto», apoya el decano Juan Carlos Apitz.
El cargo de subcontralor general, en calidad de encargado, lo ostenta el coronel Jhosnel Peraza. Fue designado por medio de una resolución en abril de 2019 y su nombramiento apareció cuatro meses después en la Gaceta Oficial 41.700 de fecha 22 de agosto.
Peraza venía de ejercer como director general de Control de Estados y Municipios. Dentro de la Contraloría también ejerció la Dirección de Seguridad, Prevención, Investigación y Control de Riesgos. También fue presidente encargado de la Empresa de Producción Social Minera (2017) y director de despacho de la Presidencia (2015).
El militar participó en la comisión de trabajo para la reforma de la Ley de Contraloría Social y fue el encargado de notificar al CNE sobre las inhabilitaciones políticas de 28 diputados y diputadas de la Asamblea Nacional electa en 2015.
¿Qué viene ahora?
Tras el pronunciamiento de la AN, que se encuentra de receso parlamentario hasta el 15 de septiembre, le corresponde al Consejo Moral Republicano proceder como dicta la Constitución:
- Conformar un comité de evaluación de postulaciones del poder Ciudadano, el cual estará integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad.
- Escoger a una terna por cada órgano del poder Ciudadano.
- Someterlo a la consideración de la Asamblea Nacional. El nuevo representante de Contraloría deberá ser escogido con la aprobación de las dos terceras partes de la cámara, de mayoría oficialista.
Incluso, menciona Raffalli, podrían acortarse los lapsos «por el hecho de que se está dejando el cargo en la mitad de la gestión».
Para el decano Apitz, vale la pena reflexionar por qué los constituyentes escogieron las dos terceras partes para nombrar el Contralor. «La figura del Contralor es uno de los altos puestos del poder público dada su función (…) Es hora de que el gobierno y su partido de apoyo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene la mayoría en la Asamblea Nacional, elija a una persona idónea que pueda vigilar los dineros públicos. Tienen una oportunidad sin igual para eso».
También explica que el comité de postulaciones deberá estar conformado por universidades, asociaciones civiles, culturales y deportivas, además de las organizaciones no gubernamentales para hacer el filtrado de aspirantes.
Hasta la fecha, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV no ha recibido alguna solicitud sobre este tema, confirma su decano.
Por otro lado, los abogados coinciden en que esta ausencia en la Contraloría no podría llevar a una renovación completa del Poder Ciudadano, pues cada organismo es independiente. «El fiscal no va a renunciar ahorita, el defensor del Pueblo tampoco lo creo. A menos de que lo pida la Asamblea y ellos accedan, como pasó con el CNE, no está planteado que la ausencia de un miembro implique la renovación de los tres», asegura el profesor Raffalli.
Las deudas de Amoroso
La organización Transparencia Venezuela destaca que una de las características más resaltantes de la gestión Amoroso es la falta de información sobre las actuaciones del organismo, pues no se tiene información sobre auditorías a Pdvsa o cualquier otra empresa propiedad del Estado en sectores como electricidad, salud o alimentos, algunas en quiebra o envueltas desde hace años en escándalos de soborno que se ventilan en tribunales extranjeros.
Amoroso solo publicó los informes de gestión correspondientes a 2019 y 2021. La Contraloría tampoco informó sobre «más de 260 obras inconclusas por las que Venezuela pagó y no se construyeron o quedaron a medio camino». Transparencia también recuerda que el Contralor mantuvo silencio sobre el esquema Pdvsa- Cripto que provocó la renuncia del exministro Tareck El Aissami, del que se desconoce su estatus judicial, además de la detención de un diputado, varios funcionarios de la estatal, la Sunacrip y empresarios.
Juan Manuel Raffalli también hace énfasis en la poca información disponible sobre funcionarios o casos procesados durante la gestión Amoroso, además de los procesos de inhabilitaciones administrativas o políticas, que han sido rechazadas por organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Este no ha sido un contralor objetivo», afirma.
Juan Carlos Apitz define la gestión de Elvis Amoroso como insatisfactoria. «Los últimos operativos anticorrupción demuestran que el Contralor no fue una pieza importante para lo que ha tenido que enfrentar el gobierno. ¿Por qué el contralor no fue el que adelantó este operativo en la trama de corrupción de Pdvsa? Creo que esa actuación de Amoroso deja mucho que desear. Eso es solo un ejemplo».
El decano de la UCV insiste que si la administración Maduro es coherente, «a partir de los últimos operativos anticorrupción, este es el momento de designar a una persona idónea para combatir la corrupción en Venezuela, porque eso es lo que hace el contralor: vigilar los dineros públicos».
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