Este lunes 11 de septiembre el defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, compareció a la Fiscalía primera del Ministerio Público previa citación telefónica, en donde conoció que fue imputado por la Ley contra el Odio, por denuncia consignada por parte del alcalde del municipio San Cristóbal, Silfredo Zambrano; por el director General, Juan Rodolfo Martínez y el síndico, Mario Izarra.
A las afueras del Ministerio Público, acompañado de su esposa y abogada, Ana Hernández; de la coordinadora regional del Foro Penal Venezolano, Raquel Sánchez; del abogado Reinaldo Pedroza; representantes de la Fundación Redes (Fundaredes); docentes, diputados del Consejo Legislativo Estadal, dirigentes políticos, defensores de derechos humanos y víctimas de abuso de autoridad por parte de la Alcaldía de San Cristóbal; Walter Márquez precisó que no hay elementos probatorios en su contra, sino terrorismo judicial.
Márquez fue denunciado por el alcalde de San Cristóbal, Silfredo Zambrano, por sus denuncias constantes de presuntos atropellos a comerciantes. Fotos: Carlos Eduardo Ramírez
“Pretenden intimidarme y no lo van a lograr, vamos a seguir denunciando las graves irregularidades cometidas en la Alcaldía de San Cristóbal, las vamos a llevar a instancias internacionales, y con el equipo de abogados vamos a preparar los argumentos de la defensa”, expresó.
Precisó que se trata de una simulación de hecho punible por parte del alcalde Silfredo Zambrano y del director General, Juan Rodolfo Martínez, quien es el director “del clan de los Martínez”. “Deberían preguntarse cuántos hermanos de Juan Rodolfo trabajan en la Alcaldía, varios de ellos. El señor alcalde cree que porque está pintando y arreglando lo va a eximir la historia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en San Cristóbal. Vamos a seguir actuando, no nos vamos a dejar intimidar”, agregó Márquez.
Walter Márquez indicó que la Fiscalía está siendo diligente imputándolo a él como defensor de derechos humanos, mientras que cerró las averiguaciones en contra del alcalde Silfredo Zambrano y los demás funcionarios, por lo que el juez quinto de control fue el que reordenó que se realizaran las investigaciones.
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