En los últimos meses, la violencia política en el país ha presentado nuevos episodios con las agresiones a los candidatos a las primarias opositoras María Corina Machado (Vente Venezuela), Henrique Capriles (Primero Justicia) y las amenazas de muerte contra Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano).
En la última semana, Capriles fue blanco de un ataque de grupos afectos al oficialismo durante su gira política al estado Apure, en el cual 39 personas resultaron heridas, y Solórzano denunció ser la destinataria de amenazas de muerte y de advertencias sobre lo ocurrido en Ecuador con el candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado por sicarios el 9 de agosto.
Antes de estos hechos, el aspirante presidencial de PJ denunció ataques en, al menos, seis estados y María Corina Machado fue amedrentada por sectores del chavismo en varias de sus giras, entre ellas la desplegada en Guárico, y amenazada por la orden que el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez (PSUV), dio a sus adeptos de caerle a «coñazos» cuando visite la entidad.
El politólogo Ángel Álvarez expresa que la violencia ha sido una constante en la política venezolana en las últimas dos décadas. «Lo que es nuevo es lo denunciado por la candidata Delsa Solórzano. No es la primera vez que ha habido amenazas de muerte, pero si obviamente referencias a un caso específico con sicariato como es el caso de lo ocurrido. Eso no es una diferencia sustancial respecto de otras amenazas veladas o abiertas que se le han hecho otros dirigentes políticos venezolanos en el pasado, yo no diría, entonces, que es un escalamiento», indica.
Señala, en ese sentido, que ha habido violencia y represión violenta contra algunos dirigentes detenidos en prisiones, militares o penales ordinaria, «pero eso tampoco es ajeno a la historia de Venezuela. Es decir, en otros momentos de la historia de Venezuela también hubo retaliación violenta o maltrato físico a dirigentes, en este caso de izquierda que eran detenido por la Digipol o el Dirección de Inteligencia Militar (DIM)».
Destaca que la amenaza del uso de la violencia fue una constante en el discurso del expresidente Hugo Chávez, » especialmente en 1998 cuando amenazaba con freír la cabeza a los adecos, sin mencionar, específicamente ningún dirigente en particular. Pero la amenaza era evidente, obviamente nunca lo hizo, pero la amenaza estaba allí».
Añade, que durante la gestión de Chávez, se registraron muchas «amenazas veladas o más abiertas» a algunos dirigentes. De esta manera, el investigador refiere que, entre 2002 y 2004, hubo muchos enfrentamientos en la calle entre los seguidores del gobierno y su opositores.
«Había grupos del gobierno que eran piquetes armados de piedras palos y a veces de armas de fuego que agredían a los manifestantes de la oposición y no solamente a los dirigentes, sino al público a la gente común y corriente en las calles especialmente si las manifestaciones pretendían ir al centro de la ciudad. Pero, también a veces en zonas cercanas a Chacaíto, o algunas otras zonas en otras ciudades del país. Se presentaban grupos armados y golpeados, luego en otras campañas electorales presidenciales y de gobernador ha habido también actos de violencia política», recuerda Ángel Álvarez.
Álvarez puntualiza que en 2012 y 2013 hubo violencia contra Capriles, y antes de eso, en 2006, episodios de violencia y amenazas contra Manuel Rosales (Un Nuevo Tiempo). En esos casos, ambos dirigentes eran candidatos presidenciales. También llama la atención sobre los ataques de los que fue blanco María Corina Machado en el Congreso.
El patrón
El politólogo Piero Trepiccione coincide en señalar la presencia recurrente de la violencia en la política venezolana de los últimos años. «Estamos viendo una serie de incidentes que, efectivamente, se convierten en una especie de patrón y que ahora se enmarcan en estas fases de atisbos de campaña electoral y de reconexión del liderazgo político con los sentimientos generalizados de la población, en todos los estados, a través de giras políticas, de contactos personales», esboza Trepiccione.
El investigador resalta que los incidentes de violencia están asociados a ciertas narrativas que tratan de «convertir el torneo electoral en un torneo de muchos riesgos, de la fragmentación y de la imposibilidad de transformar la realidad política».
Al mismo tiempo, a juicio de Trepiccione, los ataques hacia dirigentes opositores forman parte de una estrategia que «busca desalentar la participación política y quienes ostentan el poder la menor incertidumbre posible de cara a un proceso comicial que pudiera sacarlos de la posición que ocupan hoy en día».
Añade que hay un trasfondo que pretende desacreditar la noción de democracia, ridicularza y favorecer a gobiernos autoritarios, centralistas y personalistas que ejercen el poder con pocos o nulos pesos institucionales. «De allí la sistematizada de acciones encaminadas a crear ese clima de opinión que disminuya el apoyo, la legitimidad histórica que ha tenido la democracia», indica.
De acuerdo con Ana Claudia Santano, coordinadora general de la organización Transparencia Electoral Brasil, en un artículo publicado en TalCual, la violencia política es una situación internacional como se aprecia en varios países de la región y, más recientemente, en Ecuador.
«El aumento de la violencia política es una clara señal, en mi opinión, de la falta e incluso del abandono de los valores democráticos actuales, como el derecho a la disidencia y la tolerancia. En una época en la que la libertad de expresión, símbolo de las democracias liberales, se ha utilizado precisamente para atacar los sistemas democráticos, muchas cosas están fuera de lugar», argumentó Santano.
Asimismo, puntualizó que los casos de violencia política no están al margen de los intentos de justificar su ocurrencia, «como si existiera algún tipo de ‘provocación’ a la parte contraria que impidiera la convivencia de posiciones antagónicas en el mismo tiempo y espacio.
A menudo vemos el intercambio de acusaciones entre los bandos afectados, siempre uno acusando al otro de los hechos que, al final, comprometen las libertades más básicas. En cada agresión, asesinato o amenaza, no hay sólo una víctima, sino un grupo de personas que se ven afectadas por los hechos».
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