El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió como regalo esta semana una maqueta del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y cárcel destinada a presos políticos opositores cuestionada por su hacinamiento y deplorables condiciones.
En su interior se han cometido, según Naciones Unidas, graves violaciones de los derechos humanos. La entrega del regalo se ha retransmitido por televisión durante un acto de promoción y ascenso de agentes de la Policía Nacional Bolivariana.
Al agradecer el gesto de un grupo de uniformados, Maduro comentó sobre la centro de detención: “Es una referencia moral. Les agradezco este regalo, este presente institucional que me dan, es muy significativo. Ahí está su sede nacional, ahí están sus distintas funciones. Lo recibo con mucho amor”.
En el Helicoide, asiento administrativo y operativo de parte del pie de fuerza de la policía venezolana, están en este momento recluidos unos 290 presos políticos, incluyendo el periodista Roland Carreño, militante de Voluntad Popular y cercano a Leopoldo López, acusado de rebelión y traición a la patria.
En la primera década del siglo XX, el Helicoide juntaba un puñado de presos políticos –sobre todo policías y militares opuestos a Hugo Chávez desde el comienzo de su Gobierno- en celdas interconectadas de dos metros de ancho por dos de largo. Algunos de ellos siguen en esas mazmorras.
El más conocido fue Iván Simonovis, a quien el Gobierno responsabilizó por el intento de golpe del 11 de abril de 2002 y que pasó 15 años detenido. Los pasillos circulares de la cárcel son largos y lóbregos. La sala de visitas es opaca y hermética. Los familiares de los presos con frecuencia sufren abusos. Las chabolas en las colinas de San Agustín son casi el único recurso visual de reclusos y visitantes.
El deterioro social y económico, junto al agravamiento de la crisis política y la dura represión que ha ejercido el chavismo contra la oposición venezolana en la década siguiente, abarrotaron dramáticamente al Helicoide de presos. Es entonces cuando nace su leyenda negra. A partir de 2014, sus espacios se hacinaron terriblemente. Se acumularon hasta 12 presos en celdas, proliferaron las ratas y las cucarachas, no había letrinas ni servicio de agua. Proliferaron los maltratos. El trato de los policías, sobre todo cuando el recluso recién ingresa, era hosco y cínico.
Las duras condiciones de prisión del Helicoide fueron recogidas y detalladas por el Informe de Verificación de Hechos de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dirigido por Michelle Bachelet, y también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La mayoría de los presos del Helicoide han sido activistas políticos y civiles de la disidencia, dirigentes de partidos como Freddy Guevara, Juan Requessens, Jon Goicoechea o Manuel Rosales. Pero también ingresaron a sus calabozos conocidos narcotraficantes, como Walid Makled; comerciantes judicializados por el Gobierno; banqueros acusados de estafa, asesinos a sueldo con cuentas pendientes con el chavismo, policías y militares disidentes.
El número de presos llegó a 900, y comenzó a descender progresivamente hacia 2020, en medio de una flexibilización adelantada por el régimen chavista en el marco de las negociaciones políticas.
El Helicoide iba a ser, en los años 50, un ambicioso centro comercial que planificaba construir el general Marcos Pérez Jiménez. La caída Marcos Pérez en enero de 1958, detuvo por completo los trabajos de El Helicoide, y la ola antiperezjimenista que se extendió en los comienzos de la democracia hizo que el proyecto quedara condenado en el olvido por varias décadas. Con el paso de los años, por lo demás, el entorno urbano de El Helicoide, entre las zonas de San Agustín y Roca Tarpeya, se empobreció considerablemente.
Delsa Solórzano, candidata de la oposición a la elección primaria por su partido, Encuentro Ciudadano, se mostró indignada ante los contenidos de este acto, afirmó que la cárcel del Helicoide, “es uno de los símbolos de la represión y de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela”.
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