Docentes activos y jubilados del sector educativo se reunieron frente a la sede del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) este miércoles 12 de julio para entregar un documento dirigido a la vicepresidenta Delcy Rodríguez en el que exigen el pago de todos sus beneficios y aumento salarial.
La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Carmen Teresa Márquez, aseguró que, de no obtener una respuesta «digna y sustentable que satisfaga al magisterio venezolano» en el lapso de tiempo comprendido en el período vacacional escolar, los educadores «no iniciarán» clases el próximo período escolar que inicia en septiembre.
«Estamos protestando para que sigamos discutiendo la convención colectiva y para que exista un aumento de sueldos y salarios, de manera que el docente pueda vivir con dignidad», dijo.
En referencia al documento entregado a la vicepresidencia, Falime Hernández, presidente de la Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación (Fetrasined), expuso que los docentes «esperan un aumento de salarios, no de bono, que se paguen las deudas atrasadas, aunque sea con un acuerdo; que no nos quiten más el dinero por la vía de la Onapre y que se resuelvan algunas cuestiones fundamentales que tienen que ver con el HCM, seguro funerario y el Ipasme».
Hernández lamentó la situación actual que viven todos los educadores venezolanos: «Nos están matando de hambre y miseria (…) Aspiramos y esperamos que el Ejecutivo Nacional tenga la sensatez para resolver porque nosotros tenemos la voluntad».
Dirigentes de organizaciones sindicales del interior del país manifestaron su preocupación por la situación de las instituciones educativas, así como de los docentes.
José Gregorio Medina, presidente del Sindicato de Educadores del estado Carabobo, filial de Fetrasined, se refirió al final del año escolar 2023 como «atípico y anómalo que se ha visto atropellado por culpa de la irresponsabilidad de un Gobierno indolente que se ha encargado de liquidar el poder adquisitivo del docente a través del instructivo Onapre. A parte de eso nos deben 280% que junto con la recurrencia sería 700%».
A su juicio, la calidad educativa para el Gobierno es «solo un discurso hueco y vacío ya que los docentes guiados por la vocación van solo dos días a clases ya que el salario no les alcanza para más que eso».
Enfatizó que «si de aquí a septiembre los educadores no nos vemos recompensados con un salario digno como lo dice el artículo 91 (de la Constitución) seguiremos en la calle de manera pacífica y democrática exigiendo nuestros derechos».
Por su parte, Bofil Torres, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del estado Apure (Sutteps Apure), denunció que el gobernador del estado Apure, Germán Eduardo Piñate, migró 4.442 docentes a la nómina del Ministerio de Educación. «Este hecho constituye un atraco al bolsillo de los trabajadores (…) La paz escolar está en manos del gobernador. Le exigimos que rectifique y envíe la nómina así como lo hizo el gobernador del estado Bolívar, de lo contrario tenga la plena que el inicio del año escolar que viene será conflictivo».
La presidenta de la FVM Carmen Teresa Márquez calificó el final del año escolar del período 2022-2023 como «muy accidentado» debido a que no se cumplieron los objetivos y los niños y niñas no adquirieron los conocimientos para ser egresados de un grado a otro.
«Nos preocupan los muchachos de bachillerato que van a comenzar las universidades y, que en muchos casos, en sus liceos no pudieron ver materias tan importantes como matemática y biología. Por eso estamos exigiéndole al Gobierno respuestas no solo para el mejoramiento de la calidad de vida del educador, sino también de la educación en Venezuela», enfatizó.
NotiVeraz