Distintas ONG y defensores de derechos humanos en Venezuela rechazaron este martes, 9 de mayo, la insistencia del Gobierno de Nicolás Maduro en negar la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en el país.
En un comunicado emitido por la cancillería, el gobierno afirmó que el hecho de que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) solo recoja las opiniones de “víctimas potenciales”, significaba que, hasta el momento, no existe ninguna víctima venezolana reconocida por la Corte.
En el documento, el Gobierno también expone que la CPI podría convertirse en un “arma política contra la institucionalidad democrática de Venezuela».
A través de la red social Twitter, La ONG Justicia Encuentro y Perdón, se pronunció para aclarar que la CPI no ha negado la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Explicó que lo que ha hecho el organismo internacional el pasado 8 de mayo es proteger -como es su deber- a las «miles de víctimas que hicieron observaciones» a favor de que continúe la investigación por parte de la Fiscalía de la CPI en el caso Venezuela I.
«Es despreciable el uso de medios de comunicación y redes sociales para desinformar y manipular la información con el fin de revictimizar y causar desesperación a quienes han sido víctimas de crímenes contra los derechos humanos», señaló la ONG.
Por su parte, el activista por los derechos humanos, Marino Alvarado, señaló que «la dictadura puso a funcionar su maquinaria para presentar como victoria una contundente derrota en la Corte Penal Internacional».
Alvarado indicó que el Gobierno de Maduro quiere engañar presentando una derrota como triunfo.
El abogado Joel García también usó su cuenta en Twitter para expresarse y ratificó que no solo hay víctimas de delitos de lesa humanidad, !»sino que también hay criminales de lesa humanidad». «Por ahora, potenciales y presuntos respectivamente», recalcó.
CPI rechazó la petición de Maduro
La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional rechazó la petición que hizo el gobierno de Nicolás Maduro a finales de abril pasado de responder al reciente informe de víctimas de crímenes de lesa humanidad en el país.
El gobierno de Maduro solicitó la respuesta al informe de víctimas bajo el alegato de que introdujo «nuevas cuestiones» que podrían no haber previsto.
Pero la Sala de Cuestiones Preliminares de la CIP precisó que su marco jurídico no contempla responder «en detalle» cada una de las alegaciones de las víctimas, como exigió el gobierno madurista.
Además, insistieron en que el informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS). , publicado el pasado 20 de abril, contiene «opiniones y preocupaciones» de «víctimas potenciales».
Por tanto, al no ser reconocidas todavía formalmente como víctimas, el Estado venezolano aún no puede responder a lo que ellas expresaron.
De esta última afirmación de la CPI se está valiendo el gobierno para asegurar que la Corte está supuestamente negando la existencia de víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad, lo que fue rechazado y desmentido por las ONG antes citadas.
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