El Gobierno de EE.UU. prorrogó este miércoles la licencia que prohíbe a los tenedores del bono PDVSA 2020 hacer uso de la garantía que les daría la mayoría accionarial de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera venezolana, bajo control de la oposición del país latinoamericano.
En octubre de 2019 vencía el pago de intereses del bono 2020 de PDVSA por 913 millones. Si el Gobierno venezolano no cumplía con el pago, los tenedores tenían el derecho de asumir el 51 % de las acciones de Citgo, que son la garantía de la emisión.
AnunciosCitgo era el mayor activo de Venezuela en el exterior y llevaba más de un año en la mira de los acreedores por el incumplimiento de pagos de deudas contraídas por el Ejecutivo de Nicolás Maduro.
En 2016, el Gobierno de Maduro emitió los bonos PDVSA 2020 y puso como garantía el 50,1 % de los activos de Citgo, una decisión que debería contar con el aval del Parlamento, de notable mayoría opositora, que nunca se produjo.
Desde octubre de 2019, los sucesivos Gobiernos estadounidenses de Donald Trump y el del mandatario actual, Joe Biden, emitieron prórrogas a estas licencias para proteger a Citgo de los acreedores.
Citgo, con sede en Houston (Texas), tiene tres refinerías en EE.UU. que en conjunto procesan unos 750.000 barriles de crudo venezolano al día, así como una red de unas 10.000 gasolineras en todo el país.
En enero de 2019, días después de que el opositor Juan Guaidó se proclamara presidente encargado venezolano y lograse el reconocimiento de Washington, el Gobierno de EE.UU. impuso sanciones a PDVSA que incluyeron el bloqueo de los fondos de Citgo con el objetivo de traspasarlos eventualmente al equipo del líder opositor.
Sin embargo, tras la retirada del apoyo de la oposición venezolana a Guaidó como presidente interino de Venezuela no está muy claro qué parte de la oposición tiene el control de la petrolera.
El control de Citgo está en medio de la pugna entre el oficialismo y la oposición venezolana: mientras las autoridades de Estados Unidos reconocieron a la junta directiva ad hoc nombrada por la Asamblea Nacional, el Gobierno de Maduro acusa a los opositores de apropiarse de un activo estatal.
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