La Justicia en Venezuela necesita una reforma estructural que acabe con una corrupción que hace muy difícil luchar en el país contra abusos desde el poder, advirtieron este martes en Madrid representantes de organizaciones de defensa de derechos humanos.
El «Encuentro Internacional sobre Corrupción y Derechos Humanos en Venezuela», convocado por estas organizaciones, analiza entre este martes y el miércoles en la capital de España la situación en el país sudamericano.
Mildred Rojas, de Transparencia Venezuela, miembro de la entidad Transparencia Internacional que lucha contra la corrupción, en su intervención en este foro, relató una serie de ejemplos de intervención en la Justicia desde el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela y el Ejecutivo de Nicolás Maduro.
El nombramiento «a dedo» de jueces y fiscales, la detención y tortura de algunos de ellos, políticos que están por encima de los tribunales, sentencias favorables para quien pueda pagarlas y una Fiscalía que no rinde cuentas fueron algunos de los casos citados por Rojas.
A ellos añadió otros de utilización de la Justicia para la persecución política, como el del exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, detenido en España en espera de extradición a Estados Unidos por narcotráfico, que fue jefe de la Contrainteligencia Militar de Venezuela con los presidentes Hugo Chávez y Maduro pero luego apoyó al opositor Juan Guaidó y es acusado en su país de delitos como traición a la patria.
Francisco Cox, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, denunció un «aplastamiento de la oposición» por parte del Estado venezolano, mediante prácticas como «detenciones arbitrarias» y la utilización de leyes contra el terrorismo para «perseguir a la sociedad civil».
Cox abogó por una reforma estructural, para que la Justicia venezolana no dependa de quien gobierne, con jueces que salgan de una carrera profesional adecuadamente remunerada, para evitar que sean «caldo de cultivo de la corrupción», y fiscales imparciales.
«Aunque no usemos la palabra dictadura, es un sistema totalitario, que castiga al que no sea corrupto», subrayó.
Marcos Gómez, de Amnistía Internacional en Venezuela, alertó de que la Justicia en este país solo actúa en defensa del Gobierno, con una corrupción hasta el punto de tener que pagar para que los detenidos tengan comida y agua.
O una gran cantidad de dinero que salió del país a Estados Unidos o Europa mientras la banca «es cruel» contra las organizaciones civiles en Venezuela, lamentó.
Gómez destacó la necesidad de informes como los de este tipo de organizaciones para denunciar internacionalmente esta situación, pues contribuyeron en su momento a luchar contra «ejecuciones extrajudiciales» en el país.
Al respecto, Jimena Reyes, de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, que integran organizaciones de más de un centenar de países, manifestó que «Venezuela es el país emblemático de esta situación en América Latina».
Reyes recordó que en 2021 la Corte Penal Internacional abrió una investigación preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, de cuya Justicia denunció que carece de independencia ante las injerencias del Estado.
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