El fiscal federal, Markenzy Lapointe a la Corte del Distrito Sur de la Florida, informó al gobierno de los Estados Unidos que ha tomado control de 13 propiedades pertenecientes a el excongresista, David Rivera y Esther Nuhfer, acusados de delitos de conspiración para cabildear para el gobierno de Nicolás Maduro y lavado de dinero. Según lo publicó el portal: albertonews.
Las propiedades que están ubicadas en los estados de la Florida y Georgia y habrían sido adquiridas presuntamente con dinero proveniente de la trama de corrupción que encabezó Rivera y que involucra a su socia y pareja sentimental, Nuhfer.
La fiscalía presentó una moción con “Lis pendens” que significa que los costosos inmuebles involucrados en el juicio contra Rivera y Nuhfer, pasan al poder o control del tribunal en espera de la continuación de la acción legal contra los acusados hasta la sentencia final.
AlbertoNews reseñó que la acusación contra David Rivera y la exconsultora Esther Nuhfer alega que ambos conspiraron al trabajar para un gobierno extranjero sin haberse registrado ante el gobierno de EE. UU, como cabilderos, y además realizaron transacciones financieras, incluyendo lavado de dinero, violando las leyes federales estadounidenses.
Según la acusación, Rivera y Neufer conspiraron con el propósito de enriquecerse ilegalmente, acordando con un gobierno extranjero (Venezuela) y participando en su nombre, en actividades de consultoría políticas en los Estados Unidos, representando intereses del gobierno de Venezuela ante funcionarios norteamericanos, en un esfuerzo por influir en la política exterior estadounidense.
Los fiscales indicaron en la acusación que Rivera «no cumplió con el requerimiento de registrarse como consultor de un gobierno extranjero», cuando acordó, bajo contrato, trabajar para Petróleos de Venezuela, representando al régimen de Nicolás Maduro.
Cualquier trabajo que Rivera hiciera para PDVSA requeriría que se registrara como agente extranjero, tal cual lo establece la Ley FARA, ( por sus siglas en inglés The Foreign Agents Registration Act).
El cubanoestadounidense, de 57 años y que estuvo en el Congreso en Washington entre 2011 y 2013, firmó en 2017 un contrato con la filial norteamericana de PDVSA para influir en los políticos estadounidenses con miras a mejorar las relaciones entre las dos naciones, reseñó EFE.
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