La Fiscalía de Valladolid ha archivado la investigación por el presunto pucherazo en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León, al no haber apreciado “indicios bastantes de infracción penal”, según una nota informativa hecha pública este martes.
El Ministerio Público concluye, después de un año de pesquisas, que no hay pruebas de delito informático o falsedad documental porque “no se ha acreditado que se haya producido el uso de programa, instrumento o mecanismo apto para dañar, alterar o suprimir datos informáticos o los programas informáticos utilizados para la votación”.
La Fiscalía afirma también que «no se han realizado accesos no autorizados al sistema y no se han alterado documentos electrónicos ajenos”.
El caso sigue en investigación en el juzgado de instrucción número 4 de Burgos tras una denuncia interpuesta por unos militantes la semana pasada.
La investigación de la Fiscalía se abrió en marzo del año pasado, cuando una persona anónima comunicó lo sucedido en las primarias de Ciudadanos para decidir el candidato a la presidencia de Castilla y León en mayo.
En aquel proceso interno, el equipo de uno de los contrincantes, Francisco Igea, descubrió 82 votos irregulares imputados a su rival, Silvia Clemente, exdirigente del PP y aspirante apoyada por la dirección.
El partido decidió revocar el resultado de las primarias y proclamar a Igea ganador después de destaparse la irregularidad y después de que su equipo amenazara con llevarlo a los tribunales.
El Ministerio Público concluye que los 82 votos detectados emitidos por vía telemática a favor de Silvia Clemente “fueron realizados, en principio, por usuarios autorizados como afiliados”.
Y añade: “la pretensión de “engaño” del sistema por esta vía era totalmente inadecuada”. Como mucho, termina diciendo la Fiscalía, podría tratarse de un tipo penal de “tentativa inidónea de alteración impune”.
La Fiscalía reprocha a Ciudadanos que la declaración que la Comisión de Valores y garantías del partido el 9 de marzo de 2019 con la proclamación de resultados fue “precipitada, al realizarse sobre la base de votos emitidos y no de votos dados por válidos y certificados por el propio sistema».
Sin embargo, añade, esa declaración, que daba ganadora a Silvia Clemente, “carece de relevancia jurídica, en tanto no otorga estatuto jurídico, ni derecho alguno (económico o de otra naturaleza) a la persona señalada”.
Además, apunta, “fue modificada por la de 11 de marzo de 2019”, es decir, cuando se decidió revocar la proclamación de las primarias y dar ganador a Francisco Igea. En definitiva, aunque aprecia errores en la actuación del partido, La Fiscalía no cree que ninguno sea merecedor de un reproche penal.
En su nota informativa, la Fiscalía apunta que su decisión “no excluye que se formule denuncia ante el Juzgado de Instrucción correspondiente”. Como así ha sido la semana pasada, dejando el caso en manos de un juzgado de Burgos.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha instado a Igea a valorar la decisión del Ministerio Público después del archivo y ha puesto en valor la democracia interna del partido. ”Nosotros estamos tranquilos.
Este es un partido democrático, hemos colaborado con la Justicia siempre que se nos ha requerido y lo vamos a seguir haciendo. Creo que es un buen día, después de nuestras primarias, para sacar pecho de la democracia interna de Ciudadanos», ha considerado.
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