Si el gobierno madurista creyó que su “campaña anticorrupción” generaría un ápice de credibilidad en su gestión y refrescamiento de su maltrecha imagen, ha errado su cálculo. Según lo dice Froilán Barrios Nieves a runrunes.
Ahora la población lo condena por permitir el saqueo mientras arruinaba sus condiciones de vida al extremo de la precariedad y por las sucesivas muertes y penurias sufridas por millones de migrantes. El último trágico capítulo sucedido en Ciudad Juárez, México.
El caradurismo del mandatario desprecia la memoria popular que todavía mantiene fresca la cadena de escándalos de corrupción durante el siglo XXI. Las toneladas de alimentos podridos de PDVAL, el maletín de Wilson Antonini, los sobornos de Odebrecht, los trenes inconclusos, el subsidio petrolero al castrismo cubano, la injerencia descarada en campañas presidenciales a candidatos del Foro de Sao Paulo con recursos nacionales.
Y hasta el anecdótico caso de la hija de Chávez, que de vender cosméticos logró, con su “emprendimiento”, convertirse en una poderosa importadora agrícola con un capital milmillonario. Y así como estas se cuentan centenas de corruptelas sin castigo, ante la indolencia de policías y jueces venales.
Ajuste de cuentas o vendetta tipo mafia
En este entorno al ciudadano no le resulta extraño que una vendedora de patillas del estado Portuguesa concrete su “sueño dorado” comprando un apartamento en Dubai, o las tropelías financieras de los 40 detenidos por casos similares en PDVSA, CVG y alcaldías. Se trata de un gobierno gangrenado hasta los tuétanos.
Lo que más se acerca al comentario y los corrillos populares es que esta puesta en escena de presos con bragas anaranjadas contiene como significado un ajuste de cuentas o vendetta, conocida como la venganza que una persona toma contra otra en respuesta a un daño recibido, tal como hace la mafia italiana o cualquier cartel del narcotráfico, entre ellos uno destacado como el Cartel de los Soles.
Ante este cuadro de descomposición, cabe señalar la incapacidad de un gobierno sin instituciones legítimas casonas para investigarse a sí misma. Es como si Pablo Escobar o los carteles de México conformaran tribunales para juzgarse y condenar crímenes, cuando ellos son la fuente abyecta de criminalidad permanente.
Sus condenas son similares a las purgas típicas de las satrapías estalinistas, utilizadas para eliminar adversarios y competidores por el poder, como lo hizo el régimen de la China comunista cuando eliminó a la banda de los cuatro, quien pretendía continuar con la doctrina maoísta; o con Fidel Castro cuando fusiló al general Ochoa para tapar los vínculos del castrismo con el narcotráfico y, de paso, eliminarse un adversario político.
Cabezas con precio
En el caso de Venezuela no puede haber dudas cuando a varios chavistas ofrecen 10 millones de dólares, entre ellos el árbol caído Tareck Zaidan El Aissami, señalado y defenestrado por pretender convertirse en el sucesor del actual tirano.
En el intento de limpiar su patio trasero, el gobierno resuelve mediante un “escenario ejemplarizante” disciplinar sus filas, controlar sus corruptos y tratar de presentar una imagen diferente ante la comunidad internacional. Pero todo es en vano. Esta mantiene la acción acusadora a través de la CPI, cuyas posiciones constituyen la pesadilla del gobierno al señalarla por delitos de lesa humanidad y de violación permanente de los DD. HH. Contra opositores y sindicalistas solo por ejercer el derecho a la protesta y a la vida digna.
Cuando vemos recientemente en el banquillo de los acusados de La Haya al expresidente de Kosovo, Hashim Thaçi, quien lideró una sangrienta campaña contra sus adversarios políticos durante la guerra de independencia (1998-1999), no perdemos la esperanza de ver a la cúpula madurista sometidas a la justicia internacional.
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