La purga anticorrupción que adelantan las autoridades venezolanas desde el 17 de marzo han descubierto hasta ahora tres tramas que afectan el patrimonio e incluso la seguridad nacional: Pdvsa Cripto, bautizada así por el fiscal Tarek William Saab y que lleva la mayor cantidad de detenidos, los sobornos en juzgados a cambio de favores y la implicación de un exalcalde con dos bandas delictivas que mantienen azotados los estados centrales.
El pasado 25 de marzo, el fiscal Saab aseguró en una rueda de prensa que nueve funcionarios públicos, adscritos a Pdvsa y la Sunacrip, un diputado de la Asamblea Nacional y 11 empresarios estaban vinculados a la trama Pdvsa Cripto, que usaba las asignaciones a dedo de crudo a particulares y la desviación de esos dineros a través de criptomonedas como su modus operandi.
El equipo jurídico de Transparencia Venezuela explica que toda actuación de los funcionarios públicos está sometida a control, «tanto por los organismos de control interno (unidad de auditoría interna) como por los órganos de control externo (Contraloría General)».
La Asamblea Nacional también puede ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la administración pública nacional, «y puede requerir a los funcionarios la información necesaria para el ejercicio de este control».
Transparencia Venezuela señala que la Ley Orgánica de Administración Pública, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, la Ley de Contrataciones y la Ley contra la Corrupción obligan a los funcionarios a:
Rendir cuentas de los bienes y recurso públicos bajo su administración, control o custodia
Publicar los procesos de licitación, adjudicación de contratos
Ejecución presupuestaria
Bienes, entre otros.
¿Pero solo es posible juzgar por estas asignaciones de crudo? El equipo jurídico de Transparencia aclara que en un proceso penal, el Ministerio Público «puede ampliar la acusación e incluir nuevos hechos, sobre todo si estamos en presencia de hechos de gran corrupción y de tramas complejas».
«El caso particular de las investigaciones sobre presuntos casos de gran corrupción contra funcionarios de Pdvsa y otros entes, sin duda, debería alertar a otros órganos de control (Auditoría interna, Contraloría General), para que dirijan sus labores de fiscalización sobre los recursos públicos manejados por las personas investigadas y con ello contribuir a la detección y denuncia, ante los órganos de investigación penal, de cualquier otro presunto delito», señalan desde la ONG.
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