la ministra de Educación, Yelitze Santaella, dejó claro que ese despacho no firmará una nueva Convención Colectiva pues el gobierno al que pertenece no tiene dinero para eso.
“No puedo decirles que en este momento vamos ya a firmar el contrato, no podemos hacerlo porque no les vamos a mentir a nuestro pueblo. No vamos a caer a mentiras y a firmar contratos leoninos como se hizo en el pasado que no se cumplieron”, afirmó la ministra.
No obstante, su despacho también ha incumplido contratos, incluso desde mucho antes que ella lo ocupara. Así que esa excusa se le va quedando corta, a pesar de que intente venderla como una benevolencia.
Hace nueve años, en 2014, la Federación Venezolana de Maestros denunciaba que el contrato colectivo firmado en septiembre del año anterior era incumplido en 24 de sus 36 cláusulas por parte del Ministerio de Educación. «No queremos que caiga en letra muerta», advertía Orlando Alzuru.
Un año más tarde, en 2015, la Federación Venezolana de Maestros reiteraba que la VII convención colectiva del sector educativo era violada en 73% de sus cláusulas por parte del Ministerio de Educación.
En 2018 la cosa ya no eran declaraciones sino protestas. En octubre de ese año, maestros manifestaron en las calles y paralizaron actividades para reclamar el incumplimiento de los tabuladores salariales por parte de las autoridades. Una nueva Convención Colectiva se había firmado en mayo de ese año, y en menos de seis meses ya se habían irrespetado sus acuerdos.
«No nos han pagado la bonificación por inicio de año escolar, la profesionalización por TSU y profesores. Adicionalmente, se nos ha privado el pago de todas las primas, como antigüedad, ejercicio de profesión, transporte y supervisión y dirección», denunciaba Luis Villalba, presidente del Tribunal disciplinario de la Federación Venezolana de Maestros (FVM).
En 2021 el reclamo por violación de la contratación colectiva por parte del Ministerio abarcaba a los pagos por seguridad social. El Estado le descontaba a los maestros el dinero para el seguro HCM, seguros funerarios, de vida y accidentes personales, pero no le pagaba a las empresas. En aquel momento reclamaban que tal cosa «no solo es una violación a la convención colectiva, sino también a los convenios internacionales sobre libertad sindical y la LOTT».
En 2022 se prendió la conflictividad en el sector educativo por las medidas tomadas desde la Onapre, que efectivamnete violaban lo establecido en la Convención Colectiva vigente. Aquellas medidas no solo establecían un salario inconstitucional para maestros sino que arrasaba con el 50% de los acuerdos logrados por contrato colectivo en materia de primas y bonificaciones.
El año 2023 comenzó con cientos de protestas por las condiciones salariales de los maestros a escala nacional. Pero la respuesta de la ministra Yelitze Santaella es que ellos no van a aumentar para no incumplir una Convención Colectiva que han violado repetidas veces, pero que seguirán entregando bonos.
Eso sí, la ministra cree que las protestas y reclamos del sector educativo tienen motivaciones políticas y no laborales, como «siempre lo he dicho».
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