Para el politólogo Fernando Spiritto la respuesta es clara, una sentencia en Argentina a Cristina Fernández ocurre porque allá no hay un nivel de hegemonía institucional como la que tiene Venezuela. Complementó con el hecho de que en el país caribeño no existe una debida separación de poderes.
La reciente condena a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, por corrupción, da paso a analizar sobre el porqué en nuestro país no enjuician a funcionarios políticos que hayan incurrido en delitos similares, como sí ha ocurrido en varios países del continente.
En el caso de Argentina, el Tribunal Oral Federal 2 dijo que la defraudación pública en la que incurrió Fernández es un grave hecho de corrupción sin precedentes en el país. «Estamos hablando de una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia de nuestro país».
El único presidente investigado y enjuiciado por corrupción en Venezuela fue el expresidente Carlos Andrés Pérez. Un juicio político que resultó escandaloso e icónico en la historia contemporánea del país. Desde entonces, no ha surgido otro, ¿por qué?
Muchos son los casos de corrupción que salpican a exfuncionarios y funcionarios chavistas; investigaciones de El Pitazo, la Alianza Rebelde Investiga, Armando.Info y otras plataformas periodísticas han revelado desfalcos a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y también hechos de corrupción en obras públicas, como es el caso de los gimnasios verticales, sin mencionar los grandes reportajes que develan negociados con las bolsas de alimentación denominadas CLAP.
Sin independencia de poderes en Venezuela
Sin embargo, por estos casos, no abundan los enjuiciamientos ni investigaciones en Venezuela. Para el politólogo Fernando Spiritto, consultado por El Pitazo, esto se debe a que en Venezuela no hay una debida separación de poderes que, aseguró, es una de las bases de la democracia.
Aseveró que en los últimos 22 años años esa tendencia se ha acentuado al máximo. A su juicio, el chavismo aplica el populismo autoritario «que tiene una característica básica y es que ese sistema monopoliza la representación popular y desconoce el pluralismo».
El también investigador y profesor de Políticas públicas agregó que cuando eso sucede, ocurre una centralización del poder, lo que implica una hegemonía, en este caso, institucional. «Eso significa que las instituciones del Estado no reconocen el pluralismo de la sociedad y están al servicio del poder y eso ha sido constante en el chavismo», resaltó.
Sobre por qué en Argentina se investigan estos casos, al menos el más reciente con Cristina Fernández, dijo que es porque en el país latinoamericano no hay un nivel de hegemonía institucional como la que tiene Venezuela.
«Desde el chavismo, el Gobierno las ha ganado todas y se siente blindado ante cualquier iniciativa de investigación que venga de la sociedad», subrayó.
¿Qué dicen los informes de la ONU?
En el país no existe una independencia de poderes, en especial el de Justicia. Para la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, el proceso de secuestro de la justicia se ha sustentado en el control del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Ministerio Público (MP) mediante la designación de funcionarios afectos al oficialismo.
«El control del máximo juzgado ha facilitado el dominio del resto del sistema«, dice parte del documento publicado en septiembre de 2021. Igualmente, entre sus reflexiones, la Misión de la ONU recalcó que, lejos de investigar y sancionar diversos crímenes de lesa humanidad, los fiscales han tenido un «papel significativo y casi protagónico» en esta ocurrencia.
En este mismo sentido, pero con los datos del Informe Mundial 2023 de la ONG Human Rigths Watch, el Poder Judicial dejó de funcionar como poder independiente del Estado en el año 2004. Por su parte, la Misión de la ONU cree que el fallecido expresidente Hugo Chávez comenzó a trabajar en ese objetivo desde su llegada al poder en 1999.
«Los efectos del deterioro del Estado de Derecho se propagan más allá de los directamente afectados, repercuten en toda la sociedad», resaltó la Misión en su informe de 2021.
El cuarto país más corrupto del mundo
El también politólogo Jesús Castellanos Vásquez, entrevistado por El Pitazo, recordó que Venezuela es el cuarto país más corrupto del mundo y el primero en América Latina, de acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2022 difundido por la ONG Transparencia Internacional en enero.
Enumeró una cantidad de elementos que, a su juicio, demuestran el «abismal nivel de corrupción» que existe actualmente en el país, entre ellos la ausencia de una real e imparcial institucionalidad que investigue los casos de corrupción. Los demás son los siguientes:
- El «grave» e inconstitucional uso de recursos públicos por parte del sector gobernante.
- La ausencia de una real rendición de cuentas por parte del madurismo.
- La opacidad en cuanto a las cifras oficiales.
Recomendaciones de la ONU sobre Venezuela
La exalta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en sus diversos informes sobre Venezuela también comentó el grave caso de las violaciones a los derechos humanos y, en su informe, revelado el 5 de julio de 2021, confirmó que en Venezuela no hay justicia imparcial ni debido proceso.
Luego, en su último informe presentado en junio de 2022, apeló a la buena fe del gobierno oficialista y le recomendó fortalecer la independencia judicial y la separación de poderes. «Sigo instando a que se realicen investigaciones independientes, exhaustivas y oportunas, con las debidas garantías procesales, que conduzcan a la rendición de cuentas de todos los perpetradores, independientemente de su rango, y a la reparación completa para las víctimas y sus familias», apuntó.
Sin embargo, el Estado venezolano no ha dado cumplimiento a ninguna de las 43 recomendaciones que ha hecho entre 2019 y 2021 la oficina del Alto Comisionado, según pudieron constatar distintas organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos en un informe de seguimiento publicado en junio de 2022. Entre los participantes de ese documento destacan las ONG Provea, Cepaz, Acceso a la Justicia y Acción Solidaria.
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