Los inversionistas que poseen bonos del Gobierno de Venezuela y de PDVSA están abiertos a buscar un acuerdo para reducir los obstáculos e iniciar una negociación sobre el pago de los bonos, pero se enfrentan al inconveniente surgido de la destitución de Juan Guaidó como presidente iterino, por parte de los opositores que integraron el parlamento de 2015.
Un vacío de poder en el liderazgo de Venezuela reconocido por Estados Unidos ha dejado a los tenedores de bonos sin interlocutor válido para renegociar la deuda en default de 60 mil millones de dólares, según un abogado que asesora al mayor grupo de acreedores, que conversó con Bloomberg.
Un elemento clave es la disposición a ampliar el plazo de prescripción, en función de evitar acudir a la justicia estadounidense para iniciar reclamaciones legales.
Esta medida le daría tiempo a las partes para trabajar en una reestructuración, dijo Richard Cooper, abogado de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, citado por Bloomberg.
El bufete representa al Comité de Acreedores de Venezuela, un grupo de inversionistas, en su mayoría institucionales, que han mantenido más de 10 mil millones de dólares de la deuda.
Sin embargo, los acreedores no tienen un gobierno con el cual negociar después de que la mayoría de la Asamblea Nacional electa en 2015, liderada por la oposición, destituyó a Juan Guaidó en diciembre. Washington tampoco reconoce al presidente Nicolás Maduro, con el que cortó lazos en 2019.
«Un acuerdo de renegociación es difícil debido al fin del gobierno interino y la falta de claridad sobre quién es el gobierno reconocido», dijo Cooper.
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