La instalación de un cuerpo diplomático estadounidense en Caracas no ha sido evaluado todavía por la administración de Joe Biden, que se mantiene más bien atenta a los resultados que se logren alcanzar con la mesa de diálogo entre oposición y chavismo en México, en materia electoral, lo que definiría su política hacia el país este año.
Kristina Rosales Kostrukova, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró a Bloomberg Línea que el primer punto en la agenda sigue siendo la discusión de un proceso electoral libre y transparente en 2024, que le permita a las autoridades de su gobierno contemplar nuevas ideas para mejorar las relaciones con la población venezolana.
“Todavía no hemos llegado a ese punto (reapertura de la embajada), el primero es que se continúen las conversaciones que se han mantenido en México entre la Plataforma Unitaria y el régimen de Maduro (…) una vez que se abra el debate de las elecciones libres y justas, podremos continuar”, comentó la funcionaria estadounidense, quien se encuentra en México para la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN).
En marzo de 2019, el gobierno de Donald Trump ordenó al resto del personal en Venezuela retirarse del país, luego de que en enero, tras la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino, se declarara el retiro de todos los dependientes diplomáticos en Caracas, secundado por un anuncio de Nicolás Maduro sobre el cierre de la embajada.
Las relaciones entre el gobierno chavista y EE.UU. en constante tensión han dado un leve giro desde el año pasado, cuando altos funcionarios de Biden acudieron a un encuentro en Miraflores, donde se refirieron a la crisis energética, causada por la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, y el posible alcance de Venezuela para restar el impacto.
Desde la administración de Biden se han impulsado también esfuerzos para alcanzar la reanudación de las negociaciones en México, que habían sido suspendidas con la extradición del empresario colombiano, Álex Saab, y las que se reanudaron en noviembre tras varias flexibilizaciones de sanciones, con la firma de un acuerdo social que contempla la liberación de más de US$3.000 millones de dólares para ser administrados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en áreas sociales de Venezuela.
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